El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes, para justificar el derecho a cesantías, que los altos cargos de la administración no tienen derecho a paro cuando dejan la responsabilidad que ostentaban y además están sometidos a un "estricto" régimen de incompatibilidades.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha manifestado que lo que no conoce la población y es bueno que se repita en muchas ocasiones es que los exaltos cargos de la Junta no tienen derecho a paro y, por ello, se generaron las cesantías, que son unas cantidades que se cobran durante un tiempo y por un importe "bastante inferior a lo que se cobraría en las prestaciones por desempleo".

Miguel Ángel Vázquez ha sido preguntado por el hecho de que el portavoz de IULV-CA en el Parlamento, José Antonio Castro, se haya mostrado partidario, según publica este martes el diario 'El Mundo', de abrir un debate sobre la eliminación de las cesantías a exaltos cargos de la Junta.

El portavoz del Ejecutivo ha agregado que también es bueno que sepan los ciudadanos que en Andalucía tenemos el régimen de incompatibilidades "más estricto y severo" y por ello también se sustentan las cesantías.

Vázquez ha insistido en que Andalucía tiene un marco regulatorio en esta materia "pionero", que no existe en otras comunidades autónomas ni en el Gobierno de la Nación.

"Tenemos el marco de incompatibilidades más estricto y más severo", ha sentenciado el portavoz del Ejecutivo, para quien así debe ser para que el cargo público "no se vea interferido en su acción de gobierno por ninguna presión externa".

Miguel Ángel Vázquez ha indicado que los andaluces "conocerán en su día" cuánto dinero se destina a esas cesantías.

Asimismo, ha resaltado que la voluntad del Gobierno es que cuando se desarrolle la futura Ley de Transparencia se haga "al máximo de sus posibilidades" y ha recordado que, a día de hoy, la Ley de Protección de Datos impide la difusión de determinada información.

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes, se ha limitado a indicar sobre este asunto que del acuerdo de gobierno entre PSOE-A e IULV-CA forma parte esa Ley de Transparencia, que tiene que ir a un "acuerdo de máximos" y en el lógico debate parlamentario se sustanciará esa norma y sus consecuencias.