El dictamen del Partido Popular en la comisión del Madrid Arena concluye que el recinto municipal "cumple con todas las garantías de seguridad establecidas" y que la tragedia del 1 de noviembre se derivó de su "mal uso" por una "venta masiva de entradas". Salvo modificación durante su tramitación, esta será la conclusión oficial de la investigación municipal por la muerte de las adolescentes Katia Esteban, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso.

El dictamen, presentado este martes, elude hacer autocrítica respecto al control del aforo, que personal municipal revisó horas antes de la tragedia sin encontrar problemas; sobre el proyecto de la fiesta, cuyo escenario tapaba una de las salidas de emergencia; o del dispositivo de seguridad, para el que el Samur no fue avisado y la Policía Municipal no evitó el botellón.

A pesar de no los reconocer como errores propios, el PP propone medidas para evitar que todas estas circunstancias puedan volver a darse. A lo largo de 14 puntos, insta a aumentar las inspecciones previas en los edificios municipales por parte de la Policía Municipal, a instalar en ellos elementos digitales de control de aforo, a actualizar los procedimientos de los servicios de emergencia y a cambiar la ley para permitir presencia policial en actos en recintos cerrados con asistencia superior a 5.000 personas.

Por último, plantea la creación de un mando único rotatorio de seguridad y emergencias y de un registro de edificios construidos por el Ayuntamiento que no necesitan licencia o que la tendrían de facto simplemente por el hecho de ser inmuebles municipales, como el Ayuntamiento defiende en el caso del Madrid Arena.

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación, Enrique Núñez, circunscribió las responsabilidades actuales y futuras al dimitido Pedro Calvo, exconcejal de Economía y de quien dependía en última instancia la instalación y a los dos exdirigentes de Madrid Espacios y Congresos que fueron destituidos por Botella o sus subalternos.

Frente a ello, el PSOE exige que la alcaldesa, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y los concejales Antonio de Guindos y Paz González, que ostentan, respectivamente, las carteras de Seguridad y de Urbanismo dimitan y dejen el Ayuntamiento junto al inspector jefe de la Policía Local, Emilio Monteagudo.

Las conclusiones de Jaime Lissavetzky, portavoz de los socialistas, son que el Madrid Arena no tenía licencia y que en el recinto no se cumplió la normativa de seguridad, lo que calificó de  "chapuza", "descoordinación" y "negligencia". Aquí incluyó también el hecho de que Madrid Espacios y Congresos firmase con Diviertt, la empresa organizadora de la fiesta de Halloween, un contrato de tres años para alquilarle el Madrid Arena de forma preferente y a menor coste. Por todo ello, solicitó hacer hasta 25 reformas en los procedimientos municipales para aumentar la "transparencia".

Como el PSOE, UPyD cree que la comisión de investigación ha sido insuficiente, ya que el PP, apuntaron, ha "abusado" de su mayoría absoluta para impedir la presencia de técnicos municipales o de la propia Ana Botella.

"Nunca se debieron celebrar macrofiestas porque el recinto no estaba en absoluto preparado para una ocupación masiva de su pista central" , subrayó el portavoz David Ortega, que añadió que Madrid Espacios y Congresos "jamás tenía que haber contratado" con Diviertt porque habitualmente superaba los aforos.

UPyD no pide dimisiones ni destituciones, pero alerta de que en la comisión se ha constatado que el pabellón multiusos no se cumplía la normativa vigente desde 1993 de prevención en materia de seguridad contra incendios, que el plan de autoprotección del recinto estaba caducado, que se violó la normativa de contratación —Diviertt tenía deudas con la Seguridad Social— y que ni siquiera existe legislación sobre el equipo médico obligatorio para macroeventos y que, en el caso del 1 de noviembre, se vio desbordado.

"Si el Ayuntamiento de Madrid hubiera respetado las normas jurídicas se habría ganado mucho", concluyó Ortega.

Izquierda Unida no participó en la comisión por la negativa del PP a llamar a Botella. Su portavoz, Ángel Pérez, presentó este martes un decálogo de conclusiones que incluye el establecimiento de mayores controles para eventos como la macrofiesta del Madrid Arena.