El presidente cántabro, Ignacio Diego, ha opinado este martes que las empresas de 'fracking' interesadas en llevar a cabo proyectos de investigación en Cantabria "no han sabido tranquilizar a la sociedad de Cantabria" ni al Gobierno regional sobre su técnica, por lo que ha insistido en que el Ejecutivo regional llevará "en breve plazo" al Parlamento su proyecto de ley para prohibir su uso, se aprobará y, posteriormente, "ya se verá".

Antes de participar en una visita al Centro Tecnológico de Componentes (CTC) y, cuestionado sobre la afirmación de la Plataforma Shale Gas España de que la decisión del Ejecutivo sobre la ley está en "fase de reflexión", Diego ha asegurado que el Ejecutivo "va a hacer lo que ha dicho que va a hacer", que es continuar con la tramitación del proyecto de ley para prohibir la técnica "en tanto" las empresas no aclaren las dudas sobre su uso.

"Todavía no lo han hecho", ha afirmado el presidente regional, quien ha afirmado que, "al menos", el Ejecutivo regional que preside sigue "teniéndolas". "Yo sigo en ese desconocimiento y en el conocimiento que alcanzo la técnica me sigue inquietando igual que le inquieta a un importante número de ciudadanos", ha continuado.

Diego ha explicado que cuando las empresas de 'fracking' con permiso de investigación en Cantabria concedido por el Gobierno de España o por el bipartito PRC-PSOE presentaron al actual Ejecutivo regional (PP) sus proyectos, se les invitó a que, "antes de comenzar absolutamente nada", se los expusieran a la Universidad de Cantabria para que, posteriormente, estos "expertos de confianza" de la institución académica pudieran "garantizar" que la técnica "no iba a causar ninguna inquietud en los ciudadanos".

"Y no lo han hecho", ha afirmado Diego, quien ha insistido en que se llevará el proyecto de ley al Parlamento regional y se aprobará. "Después ya veremos a ver pero de momento después es nada porque no ha sabido tranquilizar a la sociedad de Cantabria en cuanto a sus técnicos", ha afirmado el presidente regional, quien ha afirmado que es "consciente" de que la comunidad autónoma necesita "inversiones y actividad económica pero no a cualquier precio".

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