El exdirector general de Ordenación Territorial del Govern y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, volverá este martes, a partir de las 10.15 horas, a sentarse en el banquillo de los acusados junto al exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert, por permitir que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en una vivienda de nueva planta, obviando "deliberadamente" la Ley.

Se trata de unos hechos por los que la Fiscalía solicita para él cuatro años y medio de cárcel más para Massot, un año y medio de prisión para Mir y para el promotor Jerónimo Arbós, dos para Gibert y dos y medio para el propietario de los terrenos, Gaspar Moner, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y falsedad. Asimismo, reclama en su escrito de acusación provisional que los cinco acusados sean condenados también a la demolición de las obras construidas de forma presuntamente ilegal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Andratx, personado como acusación particular a través de la abogada Isabel Fluxà, reclama diez años de cárcel para Massot; dos años para Mir y Gibert y uno para Arbós, según su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, Massot ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa por los mismos ilícitos penales, al igual que Gibert, mientras que Mir ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. En concreto, los hechos, enmarcados en la pieza 13 del caso Andratx, prevén ser juzgados hasta el viernes por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

En su escrito de acusación, la Fiscalía postula cómo Moner, en abril de 1999, convenció a su tía para que solicitase ante el Ayuntamiento una licencia para la rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada, a pesar de que en la zona, clasificada como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), era imposible autorizar la construcción de una vivienda de nueva planta dado que únicamente existían unas ruinas en el terreno y no una vivienda que reformar.

Así las cosas, la solicitud fue acompañada con un proyecto básico supuestamente inveraz de Arbós, puesto que en él simuló que preexistía una antigua vivienda en buen estado de conservación y que el objetivo de las obras era reformarla. Tras ello, tanto Massot como Mir, según la acusación pública, informaron en favor de la licencia pese a que "no se reunían los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la concesión" de la autorización.

Dos licencias más

Sin embargo, una vez iniciados los trabajos de construcción, Gibert levantó dos actas de suspensión de obras al no ajustarse a la licencia concedida, motivo por el que tres meses después fueron solicitadas otras dos autorizaciones, una de ellas para la 'legalización de la sustitución de la cubierta de la vivienda inicial, cambio de ubicación en la parcela y ampliación de la misma', y otra para la sustitución del cerramiento.

Solicitudes que nuevamente fueron acompañadas por los proyectos básicos y de ejecución de Arbós, mientras que Gibert, siguiendo órdenes "expresas" de Massot, emitió un certificado de antigüedad en el que hizo constar que la vivienda a reformar tenía 43 años, a sabiendas de que únicamente existía una casa de aperos y que la antigüedad debía aproximarse a los 23 años. Tanto Massot como Mir volvieron a informar la licencia favorablemente.

El hijo del exministro rodríguez miranda, INHABILITADO

Se da la circunstancia de que la pasada semana el Tribunal Supremo confirmó otra de las condenas impuestas en el marco de esta causa: la que pesa sobre Jacobo Rodríguez Miranda, extécnico jurídico del Ayuntamiento de Andratx e hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, por informar a favor de la concesión de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido, en el que únicamente existían las ruinas de una casa de aperos sobre las que legalmente no se podían hacer obras.

En concreto, de acuerdo a la sentencia del Alto Tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado debe hacer frente a una multa de 7.200 euros y a siete años de inhabilitación por ser autor material de un delito de prevaricación urbanística, pena a la que fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

La Audiencia también consideró probado que la entonces administrativa del Consistorio Ángela Hernández emitió un certificado de superficie y antigüedad en el que de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes-, a sabiendas de la falsedad de dichos datos, para no obstaculizar la concesión de la autorización. Pese a todo lo probado, la acusada ha sido absuelta al haber prescrito los delitos contra la ordenación del territorio y falsedad en que incurrió.