El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha ordenado que el Ejército preserve la seguridad durante el polémico referendo constitucional de este sábado, en el que algunos opositores ya anunciaron este lunes que votarán en contra.

En un decreto publicado esta jornada en el boletín oficial del estado, Morsi autoriza al Ejército a detener civiles y ponerlos a disposición judicial, así como establece la coordinación entre militares y policías para velar por la seguridad en el país hasta que se anuncie el resultado del referendo. No será la primera vez que el Ejército se encargue de mantener la seguridad en una consulta popular, puesto que ya lo hizo en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales.

Esta nueva votación está marcada por una alta dosis de polarización política e inestabilidad social, con un amplio rechazo al referendo por parte de manifestantes y fuerzas opositoras, que critican que la Carta Magna haya sido redactada por una asamblea de mayoría islamista y alejada del consenso.

Si el pasado sábado las Fuerzas Armadas alertaban de trágicas consecuencias si los grupos políticos no acordaban una salida a la crisis, el ministro del Interior egipcio, Ahmed Gamal el Din, ha asegurado este lunes que la Policía nunca servirá los intereses de una parte de los ciudadanos.

Otro de los obstáculos para la organización de este plebiscito está siendo su supervisión, con sectores de la magistratura enfrentados a Morsi, después de que este blindase sus poderes ante la justicia con una declaración que finalmente anuló el sábado pasado.

Con la condición de que cesen las protestas junto al Tribunal Supremo Constitucional y este pueda volver al trabajo sin presiones, el Club de Jueces del Consejo de Estado egipcio —órgano encargado de gestionar la Justicia administrativa— se ha mostrado dispuesto a supervisar el referéndum. El presidente de esta asociación, Hamdy Yasin, pide que los manifestantes se marchen de los alrededores de la corte y defendió la neutralidad de los jueces de cara a la consulta constitucional.

Mientras siguen las protestas contra Morsi en la plaza Tahrir, algunos opositores ya han comenzado a pedir el "no" a la Constitución, aunque el influyente Frente de Salvación Nacional —que agrupa a importantes dirigentes— todavía no se ha pronunciado al respecto.

El movimiento juvenil 6 de Abril ha iniciado una campaña contra este proyecto de Constitución "no representativa" y argumentó que, de salir adelante, "pondría en peligro las demandas de la revolución", el mismo argumento que esgrime el excandidato presidencial Abdel Moneim Abul Futuh.

Además, 22 organizaciones de derechos humanos egipcias llamaron también a votar en contra de la nueva Carta Magna, pues consideraron que mina los derechos y libertades, y abre las puertas a una "tiranía política y religiosa".

En defensa de la separación entre el Islam y la política ha salido el muftí de Egipto, Ali Gomaa, que apuntó que la vinculación de ambas partes "corrompe la religión y la mete en políticas que no le corresponden". En un comunicado, la máxima autoridad religiosa del país sostuvo que el Islam prohíbe el derramamiento de sangre, en alusión a los recientes enfrentamientos entre seguidores y detractores del presidente egipcio, Mohamed Morsi, frente al Palacio Presidencial en la capital.

El frágil escenario político ha dejado en un segundo plano la subida de los impuestos a ciertos bienes y servicios (en algunos casos del 200%), que fue aprobada este domingo por Morsi y suspendida horas más tarde a la espera de que el Gobierno consulte a los ciudadanos.

Cuando está en juego la aprobación de la Constitución y las futuras elecciones legislativas, Morsi parece haber retrasado una subida fiscal que hasta los Hermanos Musulmanes han criticado y que pretende cumplir el programa del Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de 4.800 millones de dólares.