La Junta pide rechaza el nuevo borrador del ibérico y pide que se modifique o se retire y se intensifiquen controles

La viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, ha manifestado el rechazo de la Junta de Castilla y León y de todo el sector al nuevo borrador del decreto del ibérico y ha pedido su modificación o que se retire y, con la normativa actual, se utilicen instrumentos que permitan intensificar los controles.

La viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, ha manifestado el rechazo de la Junta de Castilla y León y de todo el sector al nuevo borrador del decreto del ibérico y ha pedido su modificación o que se retire y, con la normativa actual, se utilicen instrumentos que permitan intensificar los controles.

Pascual, que se ha reunido con los representantes del sector, ha explicado que hay "puntos rojos" perjudiciales para Castilla y León que "empeoran" lo que contenía el anterior borrador.

En concreto, ha explicado que quieren negociar con el Ministerio el hecho de que se incluya en el etiquetado el tanto por ciento de factor racial y ha advertido de que no quieren "engañar al consumidor" y, aunque los productores andaluces digan que es información, consideran que no.

A este respecto, Pascual ha incidido que pretenden que se haga igual que para cualquier producto, por ejemplo la leche, cuyo tanto por ciento de producto viene en el etiquetado y no en el nombre comercial, y ha añadido que dentro de la etiqueta debe poner el nombre comercial como en el caso del salchichón y no cambiar las reglas que había hasta ahora con un Real decreto de 2001 que había consolidado unos nombres comerciales que eran costumbre.

La viceconsejera ha añadido que, además, si se quiere mejorar, se puede llevar a cabo un mayor control de certificación, que se comprobase que el ibérico lo fuese de acuerdo con los requisitos pero no que se cambie la norma.

Sin tiempo para adaptarse

Por otro lado, otro de los aspectos que considera perjudiciales es que el nuevo borrador no establece un periodo transitorio para que los industriales puedan cambiar las etiquetas, algo que considera imprescindible porque todas las normas y legislación cuentan con un periodo de adaptación y, ha añadido, si los jamones que hay en los secaderos tienen que salir con una nueva etiqueta tendría efectos "retroactivos" porque los animales se han sacrificado antes.

En la misma línea, ha criticado el perjuicio que supondría para los productores la modificación de las explotaciones de cebo intensivo, que tendrían que contar con espacios de dos metros cuadrados por cerdo, de manera que el ganadero tendría que meter en la misma nave la mitad de animales y vería encarecidos los costes de producción en más de un diez por ciento e incluso ve la posibilidad de un posible desabastecimiento en el futuro.

María Jesús Pascual ha recordado que el plazo para presentar alegaciones se extiende hasta finales de la semana que viene y ha indicado que el "sentir" es que hay que reivindicar la posición de Castilla y León, de manera que quieren dejar patente que o se cambian estos puntos o se debe retirar el borrador de la norma y con otro instrumento u orden intensificar los controles.

La viceconsejera ha mostrado su esperanza de que el Ministerio escuche al sector, ya que en el ámbito nacional está en contra de esta norma y ha criticado que cada vez que se haga una modificación se les pille "fuera de juego", ya que desde el primer borrador de julio al de noviembre y a éste último "no hay nada que ver" y cada vez avanzan "hacia atrás", por lo que no saben "con qué puede sorprender el Ministerio en la redacción definitiva".

Pascual ha añadido que todos los representantes del sector han creído oportuno firmar un documento conjunto en el que se oponen a estas "líneas rojas" y que, si no se atienden, se solicita la retirada del mismo.

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