El sindicato de funcionarios CSI.F lamenta que la próxima convocatoria de empleo público, que se conocerá a final de año, incluya 100 plazas para empleados de los subgrupos A1 y A2 —licenciados y diplomados—, frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción del 85%.

Según el sindicato, estas plazas se repartirán "a duras penas" en los cuerpos de inspectores de Hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores y agentes de Hacienda Pública.

CSI.F explica que esta merma se debe a la política de amortización de vacantes del Gobierno, que ha supuesto una "congelación generalizada" de las ofertas de empleo público, salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del 10%.

De esta manera, el año pasado se dieron de baja 1.134 personas, únicamente se cubrirán una de cada diez. En lo que se refiere a la promoción interna, la Administración plantea tan sólo 225 plazas, la mitad que el año anterior.

CSI.F

Quiere saber si habrá eres.

En esta situación, CSI.F ha exigido este lunes al Gobierno que se pronuncie "de manera formal" si tiene previsto realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) sobre el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), ante el citado proceso de amortización de vacantes.

El sindicato asegura que la Administración ha manifestado su intención de abordar este asunto en una reunión que tendrá lugar "en las próximas semanas".

Por otra parte, según los últimos datos de la Seguridad Social, entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2012 se han producido 63.880 bajas en el sector de la Administración Pública y Defensa y Seguridad Social, fundamentalmente por la no reposición de efectivos y la prohibición expresa de consolidación del empleo temporal.

CSI.F considera que esa política "va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo". "Esta situación, sin duda, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, además de una severísima regulación de empleo", añade.