La secretaria de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social en el Parlamento andaluz y diputada del PP-A, Rafaela Obrero, ha recriminado este viernes a la Junta que haya "eliminado" el servicio de transporte sanitario no urgente y ha anunciado que su grupo va a presentar una proposición no de Ley en la Cámara sobre este asunto.

En una rueda de prensa, acompañada por el coordinador de Sanidad del PP-A y senador del PP de Córdoba, Jesús Aguirre, Obrero ha explicado que en dicha iniciativa se insta al Gobierno regional a desarrollar el Decreto 35/2012 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Transporte Público de viajeros en Automóviles de Turismo, y de forma "más urgente", lo referente al sector de auto-taxi en la prestación del servicio de transporte no urgente sanitario.

Asimismo, se reclama la puesta en funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi, que debe llevarse a cabo en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del decreto 35/2012 de 21 de febrero; y a negociar con representantes de las organizaciones empresariales y las asociaciones del sector del taxi con mayor implantación en Andalucía, las condiciones de la prestación del servicio de transporte no urgente así como las tarifas a aplicar, en la comisión permanente del Consejo Andaluz de Transportes.

En este sentido, detalla que la red de emergencias y transporte sanitario en Andalucía se viene prestando, en su mayoría, por empresas privadas contratadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante un concierto público, el valor de estos contratos depende de las zonas de trabajo y de las ambulancias en él reflejado, bien sea del transporte sanitario urgente o programado.

Al respecto, la popular indica que "el transporte no urgente, se ha prestado tanto por ambulancias como por taxistas que han realizado este servicio para pacientes, cuya prescripción facultativa dictaminara un tratamiento periódico o ilimitado, de rehabilitación, diálisis u oncológico".

En el caso de taxistas, "hasta ahora, es el paciente quien recibe la subvención de la administración andaluza, que firma el documento de servicio prestado para que la Consejería, posteriormente lo abone". Y en las zonas rurales, "es común el traslado de pacientes en taxis, y un complemento a la escasez de ambulancias que cubren los servicios de transporte urgente de los centros médicos, en localidades dispersas geográficamente".

Situación de "inseguridad e incertidumbre"

De este modo, la parlamentaria andaluza del PP de Córdoba ha afirmado que "la falta de desarrollo y de acuerdo con el sector del taxi en la provincia de Córdoba, que afecta a unos 300 profesionales, está provocando una situación de inseguridad e incertidumbre porque no se conocen las medidas de recorte presupuestario que tiene intención de adoptar la Consejería de Salud y Bienestar Social".

Así, recuerda que la Consejería de Salud y Bienestar Social decidió en abril "reducir el precio de los contratos con empresas del sector que mantienen servicios concertados en un diez por ciento, afectando tanto al transporte urgente y no urgente". Actualmente, y en la práctica, "se ha eliminado la posibilidad del transporte no urgente prestado por taxis para nuevos pacientes que requieran este servicio, y sólo se mantiene en aquellos pacientes que llevaran tiempo en tratamiento de oncología, radioterapia o de diálisis". Esto, a su juicio, "está poniendo en riesgo de pérdida de muchos autónomos taxistas que han complementado su trabajo con estos transportes sanitarios no urgentes".

"mentiras" del psoe

Por su parte, el también portavoz de Sanidad en el Senado, Jesús Aguirre, ha criticado la política que lleva a cabo el PSOE en materia sanitaria, "de acoso y derribo, pero sin fundamento", refiriéndose a la exministra de Sanidad y actual secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, quien afirmó en televisión que en una reunión con el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos, "reunión que fue desmentida por el propio Consejo en una nota de prensa", se confirmó que "existen 10.000 Médicos Internos Residentes que han pedido la acreditación para trabajar en el extranjero", cuando "en realidad son 2.119", como apostilla el popular.

Igualmente, Aguirre se ha referido a la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y al portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmo, "quienes con sus mentiras han creado alarma social entre pacientes tan vulnerables como son los de sida, cáncer u hemofilia", lamenta.

Al hilo de ello, el senador del PP de Córdoba ha afirmado que "los medicamentos de uso hospitalario no están sujetos a aportación del usuario". Además, "ningún paciente, dentro de la cartera de servicios mínimos, va a tener que pagar nada por un tratamiento de uso hospitalario", a lo que ha añadido que "ningún paciente ingresado pagará ninguna medicación que tenga que tomar durante el período de hospitalización".

Los mir

Entretanto, le ha pedido a la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social que "alcance un punto de acuerdo" con los MIR andaluces, que en Córdoba suponen 400 jóvenes en formación, al tiempo que le ha exigido "coherencia y sentido común, ya que estos jóvenes reclaman que se adopte con ellos la misma medida que se ha tomado en las demás comunidades autónomas".

Del mismo modo, el senador popular solicita a Montero que "no siga mintiendo como sus compañeros de filas, ya que afirmó en un medio de comunicación que los MIR reciben una retribución anual entre 24.000 y 35.000 euros netos anuales cuando la realidad es que apenas superan los 1.100 netos al mes".

Además, Aguirre le advierte a Montero que "no puede atacar a los MIR en unos medios de comunicación y en otros negar consenso en las retribuciones". Por ello, desde el PP de Córdoba se espera que la Consejería de Salud y Bienestar Social "alcance un punto de acuerdo con los MIR por el bien de estos profesionales y por el de la sanidad pública andaluza".