El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo martes día 11 a los administradores de tres sociedades, acusados de una presunta defraudación a la Hacienda, mediante el impuesto de sociedades, en relación con una operación de compraventa de una parcela en la localidad malagueña de Casares desarrollada con el fin de "favorecer fiscalmente" a una de las entidades.

Así, la Fiscalía acusa a uno de los empresarios como autor de un delito contra la Hacienda Pública y a los otros dos —uno de ellos José María G.S., expresidente del Xerez Club Deportivo, según fuentes judiciales—, como cooperadores necesarios por el mismo delito. Solicita para cada uno dos años y tres meses de prisión, 1,7 millones de euros de multa e inhabilitación para el cargo de administrador.

Según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, una de las sociedades, de la que era administrador el principal acusado y cuyo titular único de todas las participaciones sociales era una entidad domiciliada en un paraíso fiscal, tenía en propiedad desde 1999 una parcela denominada 'Bujeo de los alegres' de Casares.

En noviembre de 2002, ese procesado vendió la parcela a una entidad cuyo administrador único era el segundo acusado por un precio de 3,4 millones de euros, "sin que dicha sociedad en el ejercicio económico de 2002 presentare declaración por Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, indica el ministerio público en sus conclusiones iniciales.

El mismo día de dicha venta, esa sociedad vendió de nuevo el terreno a otra empresa, de la que era administrador único el tercer acusado, expresidente del Xerez, por un precio declarado como recibido antes del acto de 10,5 millones de euros y un IVA de 1,6 millones de euros, según el fiscal, que considera que la operación entre la primera y la segunda entidad "fue una ficción".

Asimismo, se sostiene que el fin era "favorecer fiscalmente" a la primera sociedad y el objetivo "no era otro que posibilitar la ocultación" por parte de esa empresa de parte del precio de venta, así como "desplazar parte del beneficio fiscal de la operación" a la segunda sociedad que era "insolvente y sin actividad". La acusación pública cifra en 1,6 millones la cantidad defraudada a la Hacienda.

Además de la multa y la pena de prisión, la acusación pide que los procesados indemnicen de forma solidaria a la Hacienda Pública con la cantidad pendiente de satisfacer, que no está concretada y que la Fiscalía de Málaga pide que se especifiquen por parte de la Agencia Tributaria, ya que el principal acusado realizó algunos ingresó de cantidades.