Artur Mas
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas. Toni Garriga / EFE

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha informado al juez Josep Maria Pijuan que el supuesto informe policial que acusaba al presidente Artur Mas de cobrar comisiones de empresarios "no puede ser validado" porque no ha sido elaborado por su equipo.

Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez que instruye el caso por el saqueo del Palau de la Música ha recibido un oficio del comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, en el que se desvincula del borrador de un informe policial publicado por El Mundo.

Vázquez ha dado respuesta así a la petición del juez instructor, que la semana pasado le pidió que certificara la validez del supuesto informe policial, que le remitió el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Dicho informe, que vincula a cargos de CDC con el presunto cobro de comisiones ilícitas, fue enviado al juez por el Sindicato Unificado de Policía el mismo día en que éste lo hizo público en una rueda de prensa, en la que denunciaron que el documento no se incorporó a la causa porque "alguien decidió" que se quedara "durmiendo en un cajón".

"Intencionalidad política"

Por su parte, el portavoz en funciones del Govern, Francesc Homs, ha manifestado que desde CiU esperan "disculpas públicas o la asunción de responsabilidades políticas por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno". Así, ha asegurado que, de no producirse, "la confianza institucional quedará muy dañada".

Además, Homs se muestra convencido de que este informe "fantasma" se usó con "intencionalidad política para difamar" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al expresidente Jordi Pujol y al conseller de Interior, Felip Puig y "perturbar" el proceso electoral: "No cabe duda de que es una operación institucional del Gobierno español".

El portavoz ha destacado que es "rocambolesco" que el Ministerio del Interior no sea capaz de localizar un informe que habla del presidente de la Generalitat y que, 19 días después del supuesto borrador, la UDEF se desvincule.

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