El magistrado-juez del juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha confirmado su decisión de embargar el 7,9 por ciento de las acciones que posee en Inversiones Financieras Agval el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, a través de la empresa de su familia Fomento Urbano de Castellón (Fucsa).

Fucsa, junto con Banco de Valencia, ostenta una participación del 60,68 por ciento en Aguas de Valencia bajo la sociedad Inversiones Financieras Agval —un 49% a cargo de la entidad adjudicada a CaixaBank por el FROB y un 51% de la mercantil—, mientras que el grupo francés Suez controla un 33 por ciento del capital.

En un auto fechado este lunes, el juez Pedraz desestima el recurso de reforma interpuesto por Calabuig y sus familiares contra el auto, de fecha 8 de noviembre, en el que acordó el embargo cautelar de esas participaciones de Fucsa en Agval y solicitó al Interventor General del Estado que designase a un miembro de esa institución como administrador judicial de las acciones embargadas.

Esa resolución de embargo respondía a una petición del fiscal, a raíz de la solicitud de Banco de Valencia de designar administrador judicial sobre Agval para poner fin al "uso abusivo de la mayoría de control obtenida de modo presuntamente fraudulento", según exponía en su denuncia inicial la entidad financiera administrada por el FROB.

Entre los hechos denunciados por Banco de Valencia, objeto de la medida solicitada por el fiscal, se encuentra la "cesión irregular del control" de Aguas de Valencia a favor de la familia Calabuig mediante la renuncia a un derecho de suscripción preferente formalizada por el entonces consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, en perjuicio de la entidad bancaria.

Calabuig recurrió ese auto porque entendía que la resolución no estaba motivada, algo que el juez rechaza ya que sostiene que los recurrentes conocen el motivo del embargo, en el que se hace referencia a los preceptos legales que amparan esa medida cautelar.

En una diligencia posterior, de este mismo martes, la secretaria judicial acuerda, para la constitución de administración judicial de las participaciones embargadas a la familia Calabuig, una comparecencia para el próximo lunes, con citación de todas las partes para que lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones y pruebas pertinentes sobre el nombramiento de administrador. En concreto, convoca al fiscal, a representantes de las acusaciones y de la familia Calabuig así como "a los socios y partícipes cuyas acciones o participaciones no se hayan embargado".

El juez Pedraz instruye la denuncia del FROB contra los anteriores administradores y directivos de Banco de Valencia, a la que se incorporó una querella previa de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ante el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia contra el consejo de administración por dos delitos societarios, uno de falsedad contable y otro de administración desleal. A petición de la Audiencia Nacional, este juzgado se inhibió a su favor en la causa.

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