Un total de once profesores fueron agredidos el curso pasado en Canarias por alumnos (cinco casos) o por padres o familiares (seis casos), tal y como se desprende de la Memoria de 'El defensor del profesor' correspondiente al curso 2011-2012 y que ha sido presentada hoy miércoles por ANPE Canarias.

Así, el pasado curso 104 docentes de todos los niveles educativos no universitarios fueron atendidos en las islas por 'El Defensor del Profesor', un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes que son víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Del total de profesores atendidos, 55 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 49 a la de Las Palmas.

Según recoge la Memoria, gran parte de los docentes manifiestan asumir las dificultades en el aula con comprensión y búsqueda de estrategias, una actitud que ha influido en el ligero descenso de llamadas a 'El Defensor del Profesor' en comparación con el curso anterior.

En Educación Infantil han utilizado el servicio un total de doce docentes, lo que supone ocho casos menos respecto al pasado curso. Y en Primaria se han atendido 31 casos, cinco menos. Aunque algunas denuncias sobre violencia física o verbal son llevadas a cabo por alumnos hacia el profesorado, en estos dos niveles educativos son los padres quienes someten en la mayoría de los casos al docente a situaciones de acoso, insultos, amenazas, denuncias, llegando incluso a agresiones físicas.

Durante el curso 2011-2012 los casos atendidos en Secundaria ascendieron a 49, dos casos más que el curso anterior. En esta etapa los protagonistas de los actos violentos son más los alumnos que los padres, entre otras razones, porque están experimentando cambios tanto físicos como psíquicos, denotan falta de madurez, sin unos objetivos definidos y porque se encuentran con una enseñanza obligatoria que en ocasiones no se ajusta a sus intereses.

El profesorado de Ciclos Formativos que ha utilizado el servicio de 'El Defensor del Profesor' suma un total de 7, algo menos que el curso pasado, y en cuanto a Enseñanza de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música, durante el curso 2011-2012 no se ha registrado ninguna incidencia.

Problemas para dar clase

La Memoria también refleja que el 92 por ciento de los docentes atendidos manifiesta que el problema por el que ha acudido a este servicio le afecta de manera muy significativa a la hora de dar clase.

En cuanto a los conflictos relacionados con los alumnos, el 5 por ciento de los casos atendidos fue por agresiones de alumnos a profesores; el 31 por ciento por insultos, el 25 por ciento por faltas de respeto, el 4 por ciento por acoso, el 8 por ciento por amenazas, el 1 por ciento por daños causados a propiedades o pertenencias, y el 9 por ciento por conductas agresivas entre alumnos.

Y respecto a los problemas relacionados con los padres, en 'El Defensor del Profesor' también ha habido casos por agresiones de padres o familiares (6%), acoso (4%), amenazas de padres (3%), denuncias (4%), enfrentamientos de padres (3%), insultos (5%), falsas acusaciones de padres/alumnos (7%) y por presiones para modificar las notas (2%).

En este sentido, en la Memoria se observa un incremento de los problemas relacionados con los padres respecto al curso anterior, pues la ausencia de normas de conducta y el exceso de permisividad se traduce en un creciente debilitamiento de la autoridad familiar.

La consecuencia directa la sufren los niños y adolescentes, produciendo efectos muy negativos en sus actitudes y comportamiento en la escuela, efectos que también sufren los profesores en las aulas.

Respecto a la atención psicológica de los docentes usuarios del servicio, un 17 por ciento presentaba cuadros de ansiedad, un 13 por ciento depresión, un 15 por ciento fue obligado a coger baja médica y 55 por ciento no presentaba problemas de este tipo.

Todo ello, según ANPE Canarias, deja patente la necesidad de la consideración del profesorado como Autoridad Pública, de ahí que desde ANPE manifiesten que esta situación se vería aliviada con una aplicación eficaz del Decreto de Convivencia y la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesor.