La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha solicitado a través de una misiva a la ministra de Fomento, Ana Pastor, una conferencia sectorial en materia de vivienda, puesto que considera que "no es posible que permanezca muda ante este problema de emergencia habitacional que vive el país y en el que las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva", tal y como ha señalado en declaraciones a los periodistas en Jaén.

Cortés ha manifestado que esta conferencia serviría para "analizar el problema, ver alternativas desde la comunidad autónoma y buscar soluciones". Al margen de ello, ha aludido a las viviendas que gestiona el "banco malo" para asegurar que "tiene que estar a disposición de cumplir el derecho humano a la vivienda, un derecho que ha sido sistemáticamente pisoteado y violado". Además, se ha referido a la necesidad de "una quita al conjunto de hipotecas" porque, ha dicho, en España "ha habido un sobrecoste de la vivienda".

Al hilo, la consejera ha recordado que su Cartera está trabajando en la elaboración de un convenio con entidades financieras, siendo Unicaja la primera con la que el Ejecutivo andaluz se reunió y dialogó para abordar la firma del convenio". Así, ha aprovechado para instar a que hagan lo mismo aquellas entidades financieras que "quieran sumarse a esta obligación política, ética y moral de detener el drama de los desahucios", ha apostillado.

"ruptura de la neutralidad"

Así lo ha indicado tras mantener en Jaén una reunión con el colectivo de Afectados por la Hipoteca y Facua para hablar de la oficina en defensa de la vivienda, que se puso en funcionamiento desde la Consejería a partir del 8 de octubre para "romper la neutralidad de la Administración autonómica por el desequilibrio de familias en proceso de desahucio y la entidad financiera".

En este sentido, ha detallado que "más de 300 familias —alrededor de 62 en Jaén— han sido atendidas en Andalucía por esta oficina, demostrándose que era una herramienta necesaria, para que las familias en proceso de desahucio encontrasen un nuevo aliado". Se trata de "una herramienta útil" de la que ha asegurado que "dará cuenta en el pleno del Parlamento andaluz en cuanto a los datos registrados y a cómo va la relación con las entidades financieras".

En este contexto, ha recordado que la Consejería de Fomento ya decidió en junio "paralizar las órdenes de desalojo del alzamiento del parque público de la vivienda de las familias que por proceso de pérdida de empleo no pueden hacer frente al pago del alquiler". De hecho, "ninguna familia que está en el parque público ha sido desalojada por la Consejería porque no haga frente al pago del alquiler".

Además, ha querido trasladar que "hay soluciones encima de la mesa que plantean los colectivos de afectados y una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que entrará en el Congreso de los Diputados a mediados de enero y que tiene más de 600.000 firmas recogidas por parte de todo el Estado español".

Del mismo modo, "se plantea la dación en pago con carácter retroactivo, puesto que hay más de 400.000 familias que no solo han perdido su empleo y vivienda, sino que mantienen una deuda perpetua con el banco". A ello, ha añadido la necesidad de conseguir "el alquiler social" así como "el cambio de dos leyes que han motivado la actual situación, la ley hipotecaria y de enjuiciamiento civil".

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