La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige en funciones José Chamizo, ha instado a la Junta de Andalucía a regular "sin más dilaciones" el reconocimiento de los mismos beneficios fiscales en los precios públicos universitarios que para los estudiantes de Bachillerato suponen las matrículas de honor a aquellos alumnos de Formación Profesional (FP) que la hayan obtenido, ante la "discriminación" que la actual tesitura supone para los segundos.

Ello se refleja en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, surgida tras una queja recibida a través de la oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Sevilla en la que el demandante manifestaba su "disconformidad" por el hecho de que la vigente normativa reguladora de los precios públicos para la realización de estudios universitarios no contemple la aplicación a los alumnos procedentes de los ciclos formativos de FP de las reducciones de precios por la obtención de matrícula de honor en el curso de acceso.

Para la institución, esta "diferencia de trato" entre un alumnado y otro en función del régimen de estudios a través del cual acceden a la universidad "no encuentra justificación alguna, dado que la finalidad del beneficio fiscal otorgado no debe ser otra que la de fomentar y promover el esfuerzo académico del alumnado que pretende acceder a la universidad, sin que, por tanto, resulte aceptable establecer una discriminación en el disfrute de dicho beneficio fiscal en función de la vía de acceso elegida".

De otro lado, esta situación, con "claro perjuicio" para los alumnos procedentes de la Formación Profesional, resulta "contradictoria" con "el objetivo proclamado públicamente y en reiteradas ocasiones por los responsables del sistema educativo andaluz de potenciar los estudios de Formación Profesional e incentivar el acceso desde dichos estudios hacia la universidad".

Al respecto, tras solicitarse informe a la Dirección General de Universidades de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como a la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación, ambas coincidieron en que "aún" no se han establecido este tipo de beneficios para los alumnos de Formación Profesional y en que existe disposición a abordar esta situación específica.

Tomando en consideración la voluntad expresada en orden a la búsqueda de una solución para el problema planteado, el Defensor del Pueblo Andaluz consideró oportuno dar a dichas administraciones un plazo razonable para llevar a debido efecto el compromiso asumido.

No obstante, transcurridos varios meses desde la recepción del último informe y habiéndose iniciado ya un nuevo curso académico en las universidades públicas andaluzas, "se comprueba que la situación sigue igual, sin que se haya dictado la normativa de desarrollo que especifique las condiciones de aplicación a fin de que se posibilite que los alumnos que hayan obtenido matrícula de honor en FP puedan beneficiarse de una exención en el pago de matrícula universitaria en las mismas condiciones que los alumnos procedentes de Bachillerato".

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