La plataforma Queremos Galego celebrará "una gran manifestación" el próximo 23 de enero en Santiago de Compostela con el objetivo de que la ciudadanía pueda mostrar "su rechazo" al decreto del plurilingüismo en la enseñanza, tras las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que coinciden en anular parte de dos artículos.

La semana pasada se dio a conocer el cuarto fallo del TSXG sobre los recursos presentados contra la citada norma, en este caso por parte de la Real Academia Galega, y en el que rechaza la pregunta a los padres para fijar la lengua materna en Infantil y que al alumnado utilice el idioma de su elección en el aula sin importar el idioma de la asignatura.

En rueda de prensa, el portavoz de Queremos Galego, Carlos Callón, ha anunciado que llevarán a cabo un calendario de movilizaciones que empezará con el impulso a un manifiesto por la derogación "inmediata" del decreto y para aplicar una política "en defensa del idioma", que se podrá consultar en la página web de la entidad y que se verá acompañado de una recogida de firmas de apoyo.

La próxima semana, en concreto el 12 de diciembre, se celebrará una concentración ante las instalaciones de la Xunta en San Caetano (Santiago de Compostela), en la que llevarán a cabo "sorpresas" creativas.

Finalmente, el acto central será "una gran manifestación" el próximo 23 de enero, a las 12.00 horas, que partirá de la Alameda compostelana y que busca convertirse "en nuevo hito", similar al resto de movilizaciones "históricas" en defensa del gallego y en contra de la política lingüística del PP.

Callón ha advertido de que las cuatro sentencias emitidas van "en la misma línea" que es que "este decreto, en sus núcleos centrales, es ilegal", por lo que exige su "derogación" y un "regreso" al cumplimiento pleno de la Ley de Normalización Lingüística. Sobre todo, para que los niños puedan tener "competencias comunicativas" en el idioma propio.

"No es sólo un decreto antipedagógico", señala, ya que va en la vía "contraria" a la opinión del "conjunto de las comunidades educativas", sino que "es ilegal, cadaverizado" y "debe ser derogado cuanto antes".

"ofensiva españolizadora"

A esta situación se suma lo que considera "una ofensiva españolizadora del Estado" a través del "derecho a no escuchar ni leer en gallego, catalán y vasco en las escuelas". Callón consideró "intolerable" que el Estado "pague" para ello, mientras pregona "políticas de austeridad".

En concreto se refiere a que el borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), que este martes estudiarán el Gobierno y las CC.AA en la Conferencia Sectorial de Educación, exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano cuando esta comunidad no pueda ofrecerle esta posibilidad en un centro público o concertado, siempre y cuando no se haya establecido una "proporción razonable" de ambas lenguas.

En este sentido, Callón ha criticado que el Estado "pague la escuela privada para garantizar la ignorancia" y ha garantizado que se va a "contestar en la calle" y, en caso de salir adelante, se realizarán las "denuncias pertinentes".

El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha añadido además que se trata de "un lingüicidio real", sin precedentes que busca "liquidar y eliminar las lenguas propias" y "todo vestigio de diversidad cultural y de diversidad lingüística".

"Sin lugar a dudas tendrá un rechazo absoluto", señala, dado que "conculcaría derechos" reconocidos por la Constitución, el Estatuto o la Ley de Normalización Lingüística, además de crear "insumisos" al aprendizaje de lenguas.

Finalmente, ha recordado que antes de aprobarse deberá pasar por el Consejo Escolar del Estado y el Parlamento y confía con que, a pesar de que Jesús Vázquez es un "súbdito" de las políticas de Wert, los gobiernos vasco y catalán "recurran esto".