El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha exigido al presidente regional y líder del PP, Ignacio Diego, que "no eche balones fuera" y asuma "su responsabilidad política" por la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Ayuntamiento de El Astillero a pagar 600.000 euros a la Agencia Tributaria, por un "fraude tributario consciente" cometido durante su mandato al frente de la Alcaldía.

Revilla ha censurado la "hipocresía" del presidente, quien "por mucho menos ha exigido la dimisión de sus rivales políticos", mientras que ahora, "ante una infracción probada y cuando es él el máximo responsable, balbucea excusas y se oculta tras los informes técnicos".

"Estas decisiones no las toman los técnicos, sino el alcalde, y en el caso de El Astillero fue el señor Diego quien permitió que el Ayuntamiento infringiera la ley y no pagara el IVA correspondiente a la venta de un solar, por lo que es el máximo culpable del fraude tributario consciente decretado por el Tribunal Supremo", ha asegurado en un comunicado el líder regionalista.

Por ello, le ha instado a "actuar en consecuencia, asumir su culpa y, como mínimo, pedir perdón a los vecinos de El Astillero", que tendrán que pagar "las consecuencias de su irresponsabilidad", desembolsando los 600.000 euros de sanción impuestos al Ayuntamiento por una decisión "ilegal y tramposa", para eludir un pago de 232.000 euros.

Irresponsabilidad e ignorancia

Revilla se ha preguntado además "qué clase de presidente tiene Cantabria", después de que el propio Diego haya admitido públicamente que no es "un experto fiscalista", en un intento de justificar su actuación en un supuesto desconocimiento de las obligaciones fiscales del Ayuntamiento.

"El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y como alcalde tenía la plena obligación de conocerla", ha subrayado.

Finalmente, el secretario del PRC ha mostrado su temor a que "la irresponsabilidad y la ignorancia confesas" de Ignacio Diego puedan producir en la Comunidad Autónoma irregularidades similares y condenas económicas como la impuesta por el Tribunal Supremo al Ayuntamiento de El Astillero.