El sindicato CSIF-A ha exigido explicaciones a la Junta de Andalucía sobre el "traspaso" de personal de la extinta Fundación Fondo de Formación para el Empleo (Faffe) a la Consejería de Educación, algo que, a juicio de la central sindical, denota una "apuesta firme de la Junta de Andalucía por el mantenimiento de lo externo sobre lo público".

En un escrito remitido por el sector autonómico de Administración General de la Junta de Andalucía a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al que tuvo acceso Europa Press, el sindicato que recuerda su "capacidad representativa reconocida" y su presencia en las mesas de negociación con la Junta, ha explicado que estaba previsto, dentro del decreto de reestructuración de consejerías, que las competencias de formación profesional para el empleo "serían traspasadas desde la Consejería de Empleo a la de Educación, estableciéndose un período transitorio que finalizaría antes del 1 de enero de 2013".

En su escrito, CSIF reconoce que "es mucha la incertidumbre reinante entre el personal que pudiera verse afectado por estas modificaciones de adscripción, tanto en los servicios centrales de las dos consejerías implicadas como en sus respectivas delegaciones territoriales", algo que "se está propiciado desde la falta de transparencia e información por parte de la Administración a los trabajadores que sufren las consecuencias de este tipo de decisiones políticas que implican cambios en las condiciones de trabajo y en la prestación de servicios".

El sindicato indica que existen "supuestos desencuentros" entre las consejerías de Empleo y la de Educación acerca de como culminar este proceso de trabajo, de forma que "la principal divergencia estriba en la propuesta de la antigua Consejería de Empleo a la de Educación para que acoja a personal de la extinta Faffe, que hasta la fecha realizaba labores de formación como personal subrogado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Para CSIF, resultan "inquietantes" las cifras que se están barajando, ya que según asegura, "este colectivo lo podría confirmar alrededor de 400 personas", un dato que "de confirmarse, vendrá a avalar la tesis que CSIF ha venido manteniendo contra la Ley de Reorganización del sector Público, al acreditarse que Empleo ha ido creando en el tiempo una 'administración paralela' que ha coexistido junto a la Administración Pública y los empleados públicos, usurpándose de forma creciente las funciones y tareas de estos últimos, alejándose de criterios de austeridad, eficacia y eficiencia al duplicarse gastos".

CSIF entiende que el gran problema de la antigua Consejería de Empleo ha sido "la apuesta firme por el mantenimiento de lo externo sobre lo público".

El sindicato indica que, a pocos días de que cumpla el plazo previsto en el decreto para culminar el traspaso de competencias sobre formación profesional, se está propagando la "creencia de que existe una contraorden para que deslegitime lo 'ordenado' en dicho decreto" y asevera que "la principal discordancia radica en no saber donde acoplar ni qué funciones encomendar al personal externo que no tendría cabida fuera de la Agencia SAE".

Por ello, CSIF solicita convocar mesas de negociación donde "seamos informados sobre el número de efectivos reales, vinculación jurídica de los mismos, categorías profesionales y funciones, unidades y servicios que serán transferidos", con la idea de poder ejercer de forma adecuada nuestra función constitucional y trasladar al personal funcionario y laboral del VI convenio colectivo afectado todos los cambios que puedan afectar a su futuro inmediato".