El Defensor del Profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas puesto en marcha por el sindicato ANPE en 2005, ha atendido desde entonces a un total de 1.346 profesores en Andalucía, 186 durante el curso 2011-2012. El mayor número de llamadas se ha registrado en Granada, con 42 y el menor, en Córdoba, con 10.

Estos datos se desprenden del Informe Anual del Defensor del Profesorado en Andalucía presentado este viernes en Sevilla. Así, y según un comunicado del sindicato ANPE, la suma de los docentes atendidos en toda España desde la puesta en marcha del Defensor del Profesor asciende a 21.564, de ellos 1.346 en Andalucía. Durante el curso 2011-2012, los casos atendidos ascienden a 3.352, de los que 186 corresponden a casos registrados en la comunidad autónoma andaluza, que se sitúa como tercera comunidad en casos registrados.

Además, y por provincias, el mayor número de llamadas se ha registrado en Granada, con 42 y el menor, de Córdoba, con 10. En el resto de provincias, las cifras son: Cádiz (35), Sevilla (30), Málaga (23), Jaén (17), Huelva (16) y Almería (13).

Así, desde ANPE-Andalucía señalan que observan con "preocupación" que, a pesar de la puesta en marcha de medidas por parte de la Consejería de Educación (Compromiso de Convivencia, Plan de Convivencia, Observatorio sobre la Convivencia Escolar y Protocolos de Actuación) y de las iniciativas de la Fiscalía, la violencia contra el Profesorado "permanece enquistada en el sistema educativo".

Además, para ANPE, la escuela es el laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro que "debe ser más justa, más democrática, más capacitada y sobre todo más solidaria que la actual". Por tanto, el sindicato propone como medidas que "favorezcan la erradicación de la violencia escolar, en general, y la violencia contra el Profesorado, en particular", el "reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función, mediante una Ley de Autoridad, como actitud política y social de valoración y respeto al profesorado".

Asimismo, solicita una "mayor" dotación por parte de la Administración, en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos; el establecimiento de una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos; el "fortalecimiento" de las medidas de amparo legal y psicológico a los profesores víctimas de la conflictividad escolar; los cambios en el modelo educativo; y el compromiso de las familias en el proceso educativo de los alumnos y colaboración estrecha con los docentes.

El Defensor del Profesor es un servicio abierto a todo el profesorado sin distinciones, que cuenta con equipos en todas las comunidades autónomas para favorecer la atención personalizada a los docentes.En los siete años que han transcurrido desde su puesta en marcha, ha abierto un debate social sobre la conflictividad en las aulas —difundido por los medios de comunicación— y las administraciones educativas han comenzado a buscar soluciones a este problema