Empleo da un nuevo plazo a la Junta para aportar la documentación completa de los fondos del Plan Bahía

Asegura que en la presentada hasta ahora se siguen constatando los problemas de justificación detectados anteriormente

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido una carta a la Junta de Andalucía en la que le solicita que, antes del 15 de diciembre, presente nueva documentación acerca del uso de los recursos asignados al Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz entre 2008 y 2010, ya que en la presentada hasta ahora se siguen constatando "insuficiencias que impiden validar la justificación".

Con respecto al Plan de empleo para 2008 y 2009, el Tribunal de Cuentas requirió al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para que revisara las acciones de carácter social por importe de 16 millones de euros financiadas por el plan. A su vez, la Junta de Andalucía debía de reintegrar al SEPE casi cinco millones y medio de euros no gastados en el Plan; según recuerda en un comunicado el ministerio.

Por ello, el subdirector general de Políticas Activas de Empleo instó "hace más de un año", concretamente el 28 de noviembre de 2011, a la Junta de Andalucía a que reintegrara dicha cantidad no comprometida y, posteriormente, el día 28 de ese mismo mes, a que ampliara la documentación justificativa de los 16 millones contemplados en acciones de carácter social del plan de 2008-2009.

Así, y respecto a las actuaciones llevadas a cabo en 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social asegura haber dado plazos "amplios" para la aportación de la documentación antes de iniciar cualquier procedimiento de reintegro, pero señala que "hasta la fecha, y con el fin de que la Junta pudiera solicitar la compensación, no se ha iniciado la vía de apremio".

PLAN 2008-2009

El pasado día 20, la Dirección General del SEPE recibió del Director General de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía una relación de beneficiarios de ayudas sociolaborales relativas al Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz 2008-2009. Sin embargo, analizada esta documentación, desde el Ministerio aseguran que se ha comprobado que los datos remitidos "no se corresponden con lo solicitado por el SEPE".

En concreto, detallan que "no se aporta información sobre la última empresa en que prestaban servicio los trabajadores, lo que impide verificar la efectiva vinculación de los trabajadores con Delphi y su industria auxiliar".

Asimismo, en la relación de beneficiarios, precisan que hay trabajadores "que no habían cumplido 53 años durante la vigencia del Plan de Empleo", como exige el Convenio de Colaboración suscrito el 5 de diciembre de 2008 y Adenda al mismo el de 9 de octubre de 2009; y que también se incluyen pagos de los años 2010, 2011 y 2012, "fuera del plazo de vigencia del Plan".

PLAN 2010-2011

Por otro lado, y con fecha 14 de este mes, "un día antes de que concluyera el plazo de la última prórroga concedida por el Ministerio", la Junta de Andalucía ha presentado documentación justificativa de los fondos librados para la ejecución del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz 2010-2011. Dicha documentación —según desgrana el Ministerio de Empleo— revela que "la totalidad del importe librado por el SEPE se ha destinado a acciones de carácter social, mediante el abono por importe de 18 millones de euros de parte de la anualidad correspondiente a 2011 de la suscripción de una póliza de seguro colectivo de rentas".

Sin embargo, señalan que el Convenio de colaboración suscrito el 29 de noviembre de 2010 contempla que dentro del Plan de Empleo se deben realizar, además de las acciones carácter social destinadas a las personas trabajadoras afectadas por el cierre de Delphi, acciones de políticas activas de empleo.

Como en el caso del Plan 2008-2009, la documentación presentada se refiere a la totalidad de los trabajadores beneficiarios de la póliza suscrita, "por lo que no es posible su vinculación a los fondos librados por el SEPE e incluye trabajadores que no han cumplido 53 años durante la vigencia del Plan de Empleo". Igualmente, se recogen pagos "fuera del plazo de vigencia" del Plan (30 de septiembre de 2010 a 31 de diciembre de 2011).

Documentación requerida

A fin de disponer de la información necesaria "para verificar la correcta aplicación" de los fondos librados para la ejecución de los Planes de Empleo de la Bahía de Cádiz 2008-2009 y 2010-2011, el Ministerio solicita que, "de manera improrrogable" remitan, "antes del 15 de diciembre", relación de los trabajadores afectados, última empresa en que prestaban sus servicios los beneficiarios de las ayudas, sea Delphi o de su industria, así como de los pagos realizados que han servido para justificar las cuantías de carácter social relativas al Plan de Empleo de Bahía de Cádiz 2010-2011.

Además, respecto al Plan 2010-2011 se solicita que se "aclare" si con cargo a los fondos librados por el SEPE la Junta de Andalucía ha realizado acciones de políticas activas de las previstas en el convenio y, en ese caso, que se especifiquen las actuaciones realizadas, beneficiarios e importes.

El Ministerio confía en que con la remisión de la documentación solicitada, y una vez analizada, pueda quedar cerrada la justificación de los fondos librados por este organismo para el desarrollo de los Planes de Empleo para la Bahía de Cádiz. En caso contrario, el SEPE deberá iniciar los correspondientes procedimientos de reintegro, "como le obliga la normativa vigente y el propio Tribunal de Cuentas".

Crespo destaca el "compromiso" de báñez con andalucía

La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, ha destacado el compromiso de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con Andalucía y su "voluntad de colaboración con el Gobierno autonómico, al proporcionar a la Junta un nuevo plazo para la justificación de las ayudas, de forma que no haya que devolverlas".

Crespo ha insistido en la necesidad de que "la gestión de los fondos públicos sea transparente" y ha pedido a la Junta de Andalucía "un ejercicio de responsabilidad, de forma que los andaluces no se vean perjudicados y no se pierdan unas ayudas cruciales".

"El Gobierno quiere que se cumpla la ley y el convenio firmado por la Junta y el anterior Gobierno, así como el mandado del Tribunal de Cuentas", ha concluido.

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