El juicio que tenía previsto celebrarse contra el expropietario de la Policlínica Miramar Cristóbal Pizá, acusado de deshacerse de dos inmuebles presuntamente para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario, Francisco Miralles, ha sido suspendido por problemas técnicos del Juzgado así como por la falta de citación de un testigo.

En concreto, la vista oral debía tener lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Palma a raíz de la querella interpuesta por Miralles, quien en otra causa que también se está instruyendo en la capital balear está querellado contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9 millones de euros. Por el momento no hay nueva fecha de señalamiento del juicio, tal y como han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, sobre Pizá pesa un delito de alzamiento de bienes por el que tanto la Fiscalía como el propio Miralles, personado como acusación particular a través de la letrada Isabel Fluxà, reclaman tres años de prisión. La misma pena que solicitan para su mujer, además de una fianza civil de 147.651 euros conjunta para ambos.

El querellante, a través de la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM), pide además que se anulen las escrituras de compraventa de los dos inmuebles, sobre cuya venta Pizá asegura que se deshizo de las propiedades porque le urgía saldar deudas con la Banca March. De este modo, niega haber ocultado sus bienes con el ánimo de eludir los pagos a Miralles.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación particular relata cómo, después de que el querellante interpusiera por estos hechos una demanda contra la mercantil Consaba, de la que Pizá era administrador y a la que Miralles concedió en 2006 un préstamo de dos millones, el acusado procedió a vender un inmueble de Logroño por 121.260 euros a su mujer, Antònia Morro, y otro de Calvià por 87.545 a su suegra.

Una operación de la que, según la acusación, se sirvió el imputado para frustrar los derechos de crédito del acreedor y conseguir así que los inmuebles permanecieran dentro del patrimonio familiar. Es más, postula que la pareja hizo constar domicilios distintos "para engañar y confundir" mientras que el acusado se permitió dejar de percibir a través de Consaba los 2.000 euros de alquiler que cobraba mensualmente por ambos inmuebles.

El escrito de acusación destaca además el hecho de que Morro, "plenamente conocedora de la situación financiera y judicial de su esposo", cooperase de forma activa en el delito de alzamiento haciendo partícipe además "en estas turbias operaciones", a su madre -desconocedora de la situación-, "consciente de que siendo hija única devendría única propietaria del inmueble al fallecimiento de su madre".

Préstamo concedido en 2006

La acusación recuerda que fue en enero de 2006 cuando IGM concedió el préstamo de dos millones de euros a Consaba, entonces administrada por Pizá junto al fallecido Miquel Dalmau, debido a la "estrecha relación de amistad y confianza" que unía a Miralles con el acusado. Posteriormente, IGM fue adquiriendo acciones de Ameba -la otra empresa de Pizá y Dalmau y cuya situación financiera "era una debacle"-, pagando únicamente la diferencia con el préstamo, si bien el resto del dinero adeudado ascendió finalmente a un millón de euros por los intereses pactados.

El querellante solicita finalmente una multa de 18.000 euros más un tercio de esta cantidad tanto para Pizà como para su mujer, así como 15.000 euros en concepto de costas.

Cabe recordar que el ex propietario de la Policlínica también está imputado en el procedimiento que indaga un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado, junto a su socio en Consaba, Miquel Dalmau -ya fallecido-, de unos nueve millones de euros sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica. Unos hechos que se encuentran en la actualidad pendientes de calificación por parte de la Fiscalía y la acusación particular.