La Fiscalía de Granada ha decidido incoar nuevas diligencias en el caso de un supuesto bebé robado en 1990 del Hospital Clínico después de que el fiscal superior, Jesús García Calderón, emitiera un decreto en el que insta a que se valoren las manifestaciones realizadas por el denunciante, el padre de la niña, Eduardo Raya, "acerca de las supuestas irregularidades" que imputa al grupo investigador de la Policía Judicial.

El departamento que dirige la fiscal provincial, Ana Tárrago, ordenó entonces abrir de nuevo la investigación, concretamente el pasado 7 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público. García Calderón acordó remitirle el decreto el 26 de octubre para que "pueda llevarse a cabo la valoración de las denominadas nuevas pruebas para instar a la reapertura de las diligencias previas" que hasta hace poco se encontraban sobreseídas, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

No obstante, y aunque el denunciante "pone en duda" la actuación del grupo investigador en el caso —y señala la existencia de un rumor sobre la obtención por un alto cargo policial de una niña por mediación de un ginecólogo—, la Fiscalía Superior entiende que, a la vista de los informes emitidos por la Fiscalía Provincial, "no es posible deducir, cuando menos inicialmente", que se cometieran "irregularidades" en su actuación, pues "actuó conforme a las comisiones que se le dictaron desde la iniciación de las diligencias de investigación penal por el fiscal y posteriormente ante el juzgado".

Aún así, García Calderón señala a la Fiscalía Provincial como la competente para investigar y "detectar alguna irregularidad" en la labor de la Policía. Además, recuerda que Raya amplió su denuncia en septiembre de 2012 aludiendo a nuevas pruebas que pudieran "desvirtuar" la valoración sobre las ya practicadas y sobre la intervención del grupo investigador de la Policía, y ello correspondería también aclarar a la Provincial, "sin perjuicio de que se estimara preciso la Fiscalía Superior pudiera intervenir en la investigación de tales hechos".

El caso fue denunciado por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que sin embargo dictó el sobreseimiento libre —definitivo— del asunto, contra el que el padre afectado ya ha presentado un recurso de apelación que la Audiencia Provincial de Granada valorará en una vista que ha sido fijada para el próximo 6 de junio, según ha informado Eduardo Raya.

Este jueves, Raya, que es además presidente de la Asociación de Afectados por Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) ha aportado nueva documentación ante la Audiencia de cara a esa fecha entre la que se incluyen tres nuevos informes de laboratorios que "vienen a acreditar" que los restos de la niña a la que dio sepultura al morir supuestamente tras el parto no tienen un ADN compatible con una hija biológica de su esposa, en contra de lo que dictaminó el Instituto Nacional de Toxicología, que no encontró ADN analizable.

En total, Raya cuenta con 12 informes que, según ha indicado ante los periodistas, evidencia que su hija le fue robada en el Hospital Clínico en 1990, "siéndoles entregado el cuerpo de otro recién nacido muerto", en unos años, recuerda el padre, en los que varios ginecólogos granadinos fueron condenados por esos delitos.

"Yo no busco la verdad, porque la verdad la sé, que es que me quitaron a mi hija", ha indicado Raya, que confía en que la Audiencia finalmente reabra su caso en junio —precisamente en la fecha en la que nació su hija— y "se pueda hacer justicia". "Mi hija está viva, tiene 22 años y no voy a dar un paso atrás, me cueste lo que me cueste", ha advertido.

De hecho, ya anunció hace unos meses que está dispuesto a agotar toda la vía penal para aclarar su caso, sin descartar trasladar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

Además, el pasado 12 de julio ya presentó al Parlamento Europeo la primera queja formal por la situación en España en lo que respecta a la investigación de sustracciones de bebés, por la violación de derechos fundamentales de la ciudadanía.

El primer caso denunciado en españa

Su hija nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Clínico le practicara una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que "casualmente" fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.

Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, años más tarde, los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.

Así, Raya denunció los hechos ante la Fiscalía —el primero denunciado en España— el 23 de marzo de 2010, y el caso fue llevado al Juzgado por el Ministerio Público, que era la primera vez que en Granada trasladaba un posible robo de niños ante el juez. Entonces, aparecieron "milagrosamente" y después de 20 años unos restos conservados en parafina de un hígado que el Hospital "se saca de la manga" y que el Instituto Nacional de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, certifica que corresponden a la hija. Toxicología ya había analizado previamente los restos exhumados por la familia, aunque no encontró en ellos ningún tipo de ADN, y ya dijo que no serían idóneos para su análisis más de 40 días antes de recibirlos.

Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 decidió archivar el caso en primera instancia, y el padre decidió de nuevo enviar los restos de hígado aportados por el Hospital a un especialista del Clínico de Barcelona, que determinó que no se trataba de un hígado fetal o de un recién nacido de pocos días.

Ello, según Raya, venía a evidenciar que la investigación se había archivado en base a "una prueba falsa" y la juez decidió reanudar la instrucción, y envió los mismos restos parafinados a Toxicología de Sevilla, que no aclaró, pese a que así se le solicitó por parte del Juzgado, si correspondían a un recién nacido, y simplemente señaló que pertenecían a un niño con un síndrome de hepatitis neonatal. Fue entonces cuando la magistrada, de nuevo, dicta el auto de sobreseimiento libre, es decir, el archivo definitivo.