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Varios billetes de cincuenta y cien euros. ARCHIVO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a España indemnizaciones bastante más bajas para el despido improcedente. Si esta medida no fuera efectiva, proponen un contrato único con compensación por despido creciente para eliminar la dualidad del mercado laboral. También sugieren la eliminación de la jubilación parcial y más control sobre el cobro del paro, junto a la abolición de la ultraactiviadad automática de los convenios colectivos.

El organismo, además, recomienda que más productos y servicios tributen al tipo general de IVA y que se implanten más impuestos medioambientales, como por ejemplo uno al fuel del transporte, al tiempo que opina que el Gobierno central debería recuperar la competencia sobre impuestos como el de sucesiones. En relación al ladrillo, proponen reducir los impuestos sobre transacciones, y una subida del impuesto al patrimonio inmobiliario. Respecto al sistema impositivo español, la OCDE lo critica por estar "demasiado dirigido hacia las rentas del trabajo", sobre todo a las cotizaciones sociales, por lo que propone reducirlas para foemntar el crecimiento económico.

En su último informe económico sobre España, que han presentado el secretario general de la institución, Ángel Gurría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la OCDE muestra su preocupación por las altas tasas de desempleo juvenil y reclama una actuación inmediata con políticas activas para los jóvenes más castigados por la crisis, aquellos menor formación. Al respecto, considera importante dar un impulso a las políticas activas de empleo a nivel regional y emplaza al Gobierno a facilitar el avance de curso reduciendo las exigencias para reducir el fracaso escolar. También recomienda profundizar en el sistema de formación dual para que los jóvenes puedan adquirir experiencia profesional mientras se están formando.

Con el fin de facilitar la creación de empresas, la organización de países desarrollados apuesta porque España reduzca los costes y procesos necesarios, así como eliminar las "barreras de entrada a sectores específicos", tanto en sectores profesionales como en el pequeño comercio y en transporte ferroviario y por carretera. De las bonificaciones a la contratación, la OCDE dice que deben ser un instrumento temporal para ayudar únicamente en momentos de actividad económica débil y sólo para colectivos desfavorecidos. En lo que se refiere a la protección por desempleo, reclama controles más efectivos para que los parados que reciben la prestación busquen empleo de forma activa (con más y mejores entrevistas, por ejemplo) y propone que "en el largo plazo" se reduzca la duración de las prestaciones por desempleo.

Pensiones

Respecto a las pensiones, la OCDE reconoce que la reforma de 2011 ha amortiguado el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población, al elevar a 67 años la edad legal de jubilación, a 37 años el periodo de cotización para cobrar la pensión completa y a 25 años el periodo para calcular la pensión. Sin embargo, cree que no ha llegado demasiado lejos y propone eliminar cuanto antes la jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema.

El organismo cree que se podría ahorrar en las pensiones de viudedad a futuro El organismo cree que se podría ahorrar en las pensiones de viudedad a futuro, dada la alta participación de las mujeres más jóvenes en el mercado de trabajo, de tal forma que la prestación se concentre en los casos de necesidad.

Por otra parte, concreta la necesidad de asegurar un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, y en particular del agua, "recurso escaso y usado de forma intensiva", razón por la que recomienda mayores subidas de precios que reflejen más adecuadamente su coste.

Dejar caer bancos inviables

Respecto a la reestructuración del sistema financiero, la asociación de países desarrollados propone dejar caer cuanto antes a las entidades inviables, así como imponer pérdidas a los dueños de instrumentos de ahorro híbridos (tales como participaciones preferentes y deuda subordinada, por ejemplo) con el fin de "proteger a los contribuyentes" en el caso de rescates a entidades.

Pese a esta aseveración, la OCDE reconoce, no obstante, que "como muchos bancos han vendido preferentes y deuda subordinada a pequeños ahorradores sin aportarles la necesaria información sobre los riesgos", las menores pérdidas deberían asumirlas estos colectivos "en el interés de proteger al consumidor". Los potenciales costes deberían además reducirse imponiendo además pérdidas a los "bonistas senior", principalmente instituciones financieras.

Por otro lado, la organización reclama a España que dé poderes al Banco de España y al FROB para que pueda recuperar las remuneraciones e indemnizaciones a las cúpulas de los bancos quebrados o rescatados por el Gobierno.

En relación al problema que vive el país con los desahucios, la OCDE propone una reforma de la ley de bancarrota para los hogares que incluya la opción de "segunda oportunidad", para que las familias puedan comenzar de nuevo sin el lastre de una deuda impagable.

Impuestos

Asimismo, el organismo recomienda "eliminar o reducir sustancialmente" las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "sobre todo benefician a familias de ingresos medios y altos". "Cualquier impacto positivo de estas deducciones parece haber sido más que compensado por menores ingresos públicos, y la tasa de rendimiento de estos planes de pensiones puede ser significativamente menor que la tasa de interés de la deuda pública", agrega.

En lo que se refiere a los impuestos medioambientales, la OCDE recuerda que en España suponen un 1,5% del PIB, "considerablemente menos" que en otros sistemas fiscales europeos, en los que están en ocasiones por encima del 4%. En este campo recomiendan estudiar introducir un impuesto nacional sobre el carbón, incluido el gasóleo profesional, algo que "el Gobierno ya está estudiando, lo cual es bienvenido". Por lo que se refiere a determinados impuestos verdes establecidos por autonomías, el organismo hace hincapié en que deberían ser tasas nacionales, ya que la contaminación "va más allá de las fronteras regionales".

También ve espacio para elevar los impuestos sobre el patrimonio También ve espacio para elevar los impuestos sobre el patrimonio, así como el de sucesiones, que una vez más debería estar completamente atribuido al Gobierno central.

Además, la OCDE recomienda rebajar los impuestos a la compraventa de vivienda, ya que a su juicio perjudica la movilidad laboral, y compensarlo con mayores gravámenes al patrimonio inmobiliario. De nuevo consideran que los impuestos a las transacciones inmobiliarias deben ser recuperados por el Estado central.

Según la OCDE, parte de los ingresos provenientes de la subida del IVA, los impuestos medioambientales y la eliminación de determinadas deducciones pueden permitir mayores deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas con ingresos más modestos, una vez que los objetivos de consolidación fiscal se hayan alcanzado. Otra parte de la subida de ingresos podría utilizarse para otorgar mayores ayudas por hijo a las familias más necesitadas, condicionadas a que continúen su formación más allá de la educación obligatoria hasta los 16 años, para así combatir la pobreza y el abandono temprano de los estudios.

El texto asegura que la consolidación presupuestaria debería combinarse con una reforma del sistema impositivo que no choque con el crecimiento económico. "En el corto plazo, las subidas de impuestos parecen tener un impacto menos negativo en el crecimiento que los recortes de gasto", afirma el informe.