El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha tachado este jueves de "injusta e insolidaria" la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Gobierno central, porque su aplicación sitúa en "una posición de debilidad a muchos ciudadanos, especialmente a las clases medias y trabajadoras", que deberán "desistir" de ejercer la defensa de sus derechos e intereses por razones económicas.

En su intervención en el pleno del Parlamento andaluz, el consejero ha señalado que la norma "no atiende a criterios de proporcionalidad" y puede hacer peligrar la igualdad de oportunidades, ya que "prevé el pago de una cantidad fija con independencia de la importancia económica del proceso o de la situación económica de las partes".

Además, Emilio de Llera ha criticado que esta ley se haya aprobado "sin refrendo social", ya que, "frente a ella, se han situado todos los sectores que trabajan en la Justicia, así como las organizaciones de consumidores, sindicales y grupos parlamentarios del Congreso".

A su juicio, la Ley de Tasas "no servirá tampoco para racionalizar el uso de los servicios públicos", como pretende el Gobierno central, puesto que los ciudadanos acuden a la Administración de Justicia "para defender cuestiones que consideran legítimas y no de forma arbitraria". "De hecho, el porcentaje de demandas no admitidas a trámite por los tribunales es minoritario, como también lo son los casos en los que se estima temeridad en la presentación de la demanda", ha explicado.

Igualmente, Emilio de Llera ha afirmado que se trata de una ley con "trabas excesivas", al establecer en su articulado el pago de unas cantidades que pueden superar las de la propia pretensión o incrementos en la cuantía que están por encima del 100 por ciento, "lo que conlleva un efecto disuasorio evidente para esos asuntos de escasa cuantía", ha puntualizado.

Por último, el titular de Justicia e Interior ha puesto de relieve que todas estas razones convierten la nueva norma en una medida "inadecuada y desproporcionada", que "debería ser reconsiderada" por el Gobierno, precisando en este sentido que la Junta sigue estudiando plantear un recurso de inconstitucionalidad.