El pleno de la Diputación de Granada aborda este jueves el inicio del expediente de segregación de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Torrenueva, cuyo ayuntamiento matriz es el de Motril, en paralelo a la finalización del expediente de segregación definitiva del término municipal de Pinos Puente de Valderrubio, que se convertirá en el municipio 169 de la provincia si así lo dictamina la Junta de Andalucía.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha informado de los diferentes puntos que se llevarán al pleno, entre los que destacan los informes del interventor sobre la morosidad y sobre el estado de ejecución del plan de ajuste de la institución.

Es la primera vez, "dado que los socialistas, cuando gobernaban, no tenían esa costumbre", que el pleno de la corporación provincial conocerá estos informes que reflejan los esfuerzos del actual equipo de gobierno por sanear las cuentas de la Diputación, ha explicado el portavoz provincial.

En este sentido, ha informado de que la Diputación está pagando a sus proveedores con un retraso de entre ochenta y cien días de media. "Sabemos que no es una cifra todavía buena, aunque aceptable en los tiempos que corren", ha señalado Torrente, quien ha incidido en que se trata de una media ponderada y que ya se están efectuando los pagos correspondientes al mes de octubre.

Sobre las mociones del equipo de gobierno provincial, el portavoz se ha detenido en aquella que exige a la Junta de Andalucía que convoque al Consejo de Alcaldes y se acometan medidas urgentes en materia de financiación local, tras no presupuestar los 60 millones en los que tiene la obligación de incrementar la financiación a los ayuntamientos andaluces. Ello se traduce en "más de siete millones de euros que no vendrán a Granada por el capricho de PSOE e IU que gobiernan la Junta de Andalucía", ha especificado José Torrente.

Según ha destacado el portavoz, "en este presupuesto se repite la misma cantidad estipulada en el año 2012, es decir, 480 millones de euros". El dinero que no aporta la Junta de Andalucía es sustraído "a la financiación de los servicios municipales" por lo que desde el Gobierno de la Diputación se exige la reunión inmediata del Consejo de Alcaldes así como la rectificación en los Presupuestos de 2013 "y enmendar la cifra que propone el Gobierno andaluz para la financiación de los ayuntamientos ascendiéndola a lo que la ley le obliga que es 540 millones de euros en vez de los 480 millones que constan actualmente".

La política de vivienda de la Junta de Andalucía también estará presente en el pleno provincial, en el que se solicitará a través de una moción un "plan de choque" para cumplir con lo previsto en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Otra moción del equipo de gobierno instará al Gobierno andaluz a que pague la deuda adquirida con los centros de formación de nuestra provincia, que son más de 250 millones de euros en toda la comunidad autónoma y 15 millones en la provincia de Granada.

Algunas subvenciones se adeudan desde el año 2007, a pesar de estar debidamente justificadas. "No es posible que los centros de formación, en su mayoría pequeñas empresas familiares que están ayudando a la formación de los parados y las personas con necesidades para poder integrarlas e insertarlas en el mundo laboral, estén en algunos casos soportando una morosidad de hasta tres años", ha concluido José Torrente ,incidiendo en la importancia del llamamiento oficial que la corporación provincial hará mañana para solventar este problema.