El PP garantiza que en 2013 la Junta aprobará un Plan integral de residuos pactado con el sector

El procurador 'popular' por Salamanca Francisco Julián Ramos Manzano ha asegurado este miércoles en el Pleno de las Cortes en respuesta a una moción socialista que la Junta ya trabaja en un Plan Integral de residuos que se aprobará en 2013 y cuyo texto será pactado con todos los agentes implicados en el sector.

El procurador 'popular' por Salamanca Francisco Julián Ramos Manzano ha asegurado este miércoles en el Pleno de las Cortes en respuesta a una moción socialista que la Junta ya trabaja en un Plan Integral de residuos que se aprobará en 2013 y cuyo texto será pactado con todos los agentes implicados en el sector.

Ésta fue la respuesta a uno de los puntos reclamados a través de esta iniciativa parlamentaria por la viceportavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, quien ha exigido que dicho plan se aprobara en un plazo máximo de seis meses, ya que se trata de algo "importante y necesario" para dar "seguridad" a un sector que "lo necesita". Así, ha llamado a la Consejería de Fomento a "despertar de su letargo" con el fin de que "reaccione".

La moción socialista estaba compuesta por seis puntos, de los que cuatro fueron respaldados y aprobados por unanimidad, mientras que el voto en contra del PP imposibilitó que se diera luz verde al plazo para la aprobación del plan y a la necesidad de que en el plazo de tres meses se cree la guía de sostenibilidad de los polígonos industriales de la Comunidad, una demanda, como ha apuntado Redondo, del sector, empresas y profesionales.

"Pretendemos ofrecer seguridad jurídica a un sector que atraviesa por dificultades claras en materia de residuos, es el momento de que la Junta asuma competencias en la fiscalización de vertidos", ha reclamado Redondo.

No obstante, el procurador 'popular' ha insistido en que en Castilla y León no existen casos de "inseguridad" jurídica y ha mostrado su "máxima colaboración" en esta materia, para lo que ha respaldado la petición del PSOE de la Junta ejerza las funciones que le corresponden de "control y fiscalización" del vertido de residuos con toda la colaboración posible con el Seprona.

El PP también ha apoyado la importancia de que el Gobierno regional ejerza un control "riguroso" del cumplimiento de la normativa en materia de residuos procedentes de obra y demolición, al tiempo que condicionará las autorizaciones administrativas en materia de residuos a la consecución de los objetivos de reducción de residuos peligrosos, tal y como exige la normativa de la UE.

Por último, se ha aprobado por unanimidad pedir a la Junta que desarrolle una defensa proactiva del sector empresarial de residuos de Castilla y León, así como de los trabajadores del sector.

Sin embargo, a pesar del respaldo del PP a cuatro de sus seis propuestas, Redondo ha insistido en que el verdadero problema radica en la "inseguridad jurídica". "La Junta no desarrolla convenientemente sus competencias, póngales a trabajar en un plan de residuos", ha reclamado, tras lo que ha mostrado fotografías de parajes en los que se han registrado "vertidos ilegales e incontrolados".

Finalmente, el procurador de IU, José María González, ha apoyado la propuesta socialista tras considerar que, aunque es "urgente la existencia de esta legislación", este paso "no es la solución". "El control sobre residuos peligrosos es muy deficiente, casi inexistente aunque existen puntos verdes en toda la Comunidad no solucionan el control de residuos peligrosos", ha concluido.

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