El procurador de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José María González, ha criticado en el pleno de este martes que la Junta haya pagado en los últimos ocho años 100.000 euros por el alquiler de un almacén para custodiar piezas del Museo Provincial de León que no tienen cabida en el mismo mientras "hay otros edificios públicos sin uso".

Durante su intervención, González ha pedido a la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, que "aclare" la razón "por la que se pagó a ese propietario", el expresidente de Caja España Santos Llamas, "casi 1.000 euros mensuales" por un local "que no ha tenido ningún uso y que no era necesario".

Sin embargo, García se ha mostrado "totalmente en desacuerdo" con estas acusaciones y ha recordado que "sí ha tenido y tiene uso" desde que se formalizó el alquiler en 2005, un arriendo que "se ha renegociado a la baja en un 20 por ciento" el pasado mes de enero.

La consejera ha señalado que la elección de este local se hizo en 2004 "a propuesta del director del Museo y con los informes técnicos pertinentes", al tiempo que ha advertido de que "no todos los edificios públicos cumplen con los requisitos técnicos" para albergar las piezas.

Asimismo, Alicia García ha subrayado que la opción de este inmueble era "la más ajustada a las necesidades" del museo "por cercanía y accesibilidad", ya que requería "una gran capacidad y un gran portón" para introducir algunas de las piezas, como varios palés con ladrillos romanos que llevan grabado el emblema de la 'Legio VII'.

Sin embargo, en el turno de contrarréplica, José María González ha acusado a la consejera de "intentar explicar lo inexplicable" y ha aseverado que "incluso representantes de la Junta en la ciudad de León desconocían la existencia de ese alquiler", al tiempo que ha ofrecido las instalaciones del clausurado Laboratorio Pecuario para este fin.

Por último, se ha mostrado de acuerdo con la responsable autonómica de Hacienda, Pilar del Olmo, sobre la "necesidad de racionalizar el uso edificios públicos" y ha pedido a la Junta que aplique ese principio en lugar de "enriquecer personajes venidos a menos".

Sin embargo, García ha reconocido que se buscan "alternativas" públicas para este almacén, pero ha insistido en que su departamento es "un ejemplo de racionalización", pues "desde 2010 se han ahorrado 422.000 euros, lo que supone un 27.28 por ciento.