Cuando el interesado va a la empresa, le cobran 270 euros por citarle durante seis meses con propietarios, según denuncian. Los dueños no saben que les llaman de una inmobiliaria. Según la coalición, la empresa nunca visita casas y no hay tal piso de 400 euros: es un gancho.
Las mismas fuentes añaden que la práctica «es legal, pero no ética», y se quejan de que muchos clientes son estudiantes. Piden una política municipal eficaz que favorezca el alquiler joven.
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