La investigación sobre el asesinato del taxista Guillermo Amieva Gallego, en la noche del 19 al 20 abril de 2010, ha hallado restos de saliva del acusado Alexis F., en las inmediaciones del vehículo "en el radio de apertura de la puerta derecha".

Así lo han indicado este lunes varios de los testigos que han prestado declaración en la primera sesión del juicio que se desarrollará esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias.

Ante las exposiciones de los profesionales que llevaron a cabo la investigación del asesinato ocurrido en las proximidades de la Cabaña del Escribano, en la localidad de Collía (Arriondas), desde la defensa se insiste en que dichos restos "no suponen una prueba contundente ni definitiva" ya que la saliva podría estar desde antes en el lugar donde se encontró el taxi con el cadáver de Guillermo Amieva Gallego, que fue apuñalado en 36 ocasiones mientras llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que dificultó su defensa.

"Hay una saliva que es de él, que está en la carretera", apuntaba a los medios el abogado de la defensa, Luis Alberto Álvarez Arboleya, tras la primera sesión del juicio, matizando que esos restos de saliva "podían estar ahí antes de que llegase el coche". "Por esa regla de tres cualquier persona que hubiera pasado por ahí dos horas antes podría estar sentado en ese banquillo hoy", remarcó, apuntando que "no se han encontrado restos biológicos dentro del coche".

La sesión del martes, que comenzará a las 09.30 horas, contará con la declaración como testigos de varios compañeros del taxista asesinado, así como de miembros de la Interpol desde Suiza, a petición de la defensa, para acreditar cómo se llevó a cabo la detención de Alexis F., por una multa de tráfico, qué se encontró en el vehículo que conducía y que había robado a su compañero de piso, así como el proceso de extradición a España.

Móvil de la víctima e imagen en cámara de seguridad

Desde la defensa se incide en la existencia de "irregularidades" en el procedimiento, con especial insistencia en la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas al llevarse un funcionario de la prisión de Soto del Real, donde estuvo unos días el acusado tras ser extraditado desde Suiza y antes de ser trasladado a Asturias, el móvil de la víctima con la tarjeta que usaba el acusado a su casa para "tener un detalle" con su mujer.

"Desde el momento en que de una prueba que es fundamental se rompe su custodia y no llega en condiciones óptimas al jurado, entendemos que se ha vulnerado cualquier presunción de veracidad", argumenta el abogado de la defensa.

Al respecto, la acusación particular incide en que la ruptura de la cadena de custodia "no quiere decir que la prueba sea invalide", remarcando que lo relevante es que en el momento en que el acusado ingresa en la cárcel madrileña están en su poder el teléfono móvil de la víctima, el GPS que utilizaba en el taxi y un disco duro con información de una empresa de ocio de Cangas de Onís, en la que Alexis F. había trabajado y que sufrió un robo por el que fue condenado.

En cuanto a unas imágenes del acusado recogidas por la cámara de seguridad de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, próxima a un repetidor de telefonía, minutos después de recibirse una llamada desde el teléfono de la víctima a un compañero que se encontraba con los agentes, la defensa rechaza que eso le vincule con la llamada e incide en que la grabación registra a más personas aquella madrugada.

Los hechos según el acusado

Cuatro miembros del equipo de investigación, comenzando por el instructor del caso, y los dos médicos forense que realizaron la autopsia al cadáver de la víctima y que no descartan que fueran más de uno los autores del asesinato, fueron los testigos que declararon este lunes, además del acusado, que solo aceptó declarar para su abogado.

En concreto, Alexis F. admitió conocer a la víctima sin que existiera una amistad entre ambos y afirmó que la noche del asesinato no cogió "ningún taxi" aunque era un cliente habitual. Dice que ese lunes salió sobre las 22.00 horas de casa en Cangas de Onís para dirigirse a varios pubs de la localidad y luego desplazarse en coche a Arriondas para ir a otros bares, regresando de nuevo a Cangas de Onís para acudir a otro local antes de volver a casa.

Respecto a su marcha a Suiza días después del asesinato, el acusado sostiene que llevaba tiempo pensando en irse porque en España no tenía "arraigo familiar" y había "roces" con su compañero de piso. Además, matiza que tenía "posibilidades de dinero" para emprender el viaje como para tener que llevar a cabo los hechos que se le imputan.

Acusación y testigos

No obstante, tanto la Fiscalía como la acusación particular le sitúan aquella noche en el lugar de los hechos al encontrarse restos de su saliva cerca del taxi y destacan que la tarjeta de teléfono que utilizaba desde hacía tiempo se encontró en el terminal de la víctima, que desapareció la noche de autos.

Con todo, sostienen que el acusado cogió el taxi de Guillermo Amieva Gallego aquella noche y tras desplazarse a la Cabaña del Escribano le asestó 36 puñaladas y se llevó 150 euros, el teléfono móvil, el navegador y las llaves del vehículo. Días después, robó el coche de su compañero de piso y marchó a Suiza a casa de familiares, donde tenía una orden de busca y captura y fue detenido por una multa de tráfico.

El 13 de agosto de 2010 llega extraditado a la cárcel de Soto del Real teniendo en su poder el teléfono de la víctima y el GPS que desaparecieron del taxi.

Alexis F., nacido en 1985 en la República Dominicana, ha sido condenado por el asesinato de Francisco Javier V. C., en febrero de 2010 en Cangas de Onís.

Petición de pena e indemnización

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y de una falta de hurto, y solicita que se condene al acusado a 23 años de prisión y prohibición de residir en Cangas de Onís, aproximarse y comunicar con los familiares de la víctima durante 28 años.

Por la falta de hurto se pide una multa de 720 euros (dos meses a razón de 12 euros diarios). En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que se indemnice al padre con 113.408 euros, más los intereses legales correspondientes.

La acusación particular pide 25 años de prisión y algo más de 226.000 euros de indemnización para el padre de la víctima, único familiar tras el fallecimiento de la madre meses después del asesinato.