El fiscal y la acusación particular en el juicio por la quiebra de la Cooperativa de Monte aprecian en la actuación del principal imputado, JR.G., un "claro" supuesto de administración desleal al "consentir" que el resto de imputados llevaran a cabo un "vaciamiento" de los fondos de la entidad y los usaran en su beneficio para mantener "durante años" sus empresas a pesar de las pérdidas que tenían.

En la exposición de sus informes, el fiscal y la acusación particular han justificado también su retirada del delito de apropiación indebida contra el gerente al entender que JR.G "abusó", pero no excedió, de las funciones propias de su cargo como gerente, distinción que realiza el Código Penal para distinguir si se habla de apropiación indebida o de un delito societario de administración desleal.

Además, el fiscal ha apuntado también, al justificar la retirada del delito de apropiación indebida, que no hay acreditación "ninguna" de que JR.G se haya apoderado de parte de los fondos de la Cooperativa de los que permitió disponer al resto de los imputados.

El Ministerio Fiscal ha afirmado que JR.G actuó como un "administrador que no cumplía sus funciones" al permitir los descubiertos, algo de lo que, según ha dicho, se sirvieron el resto de los acusados para apoderarse de fondos de la Cooperativa para sostener -y mantener "vivas" como también ha apuntado la acusación particular- y permitir a sus empresas seguir funcionando "perfectamente" a pesar de que algunas de tenían pérdidas, algunas desde el principio.

"huída hacia delante"

A juicio de la acusación, tanto del fiscal como la ejercida por la Cooperativa, la "bola se hizo más grande" cuando JR.G, en una "huida hacia delante", comenzó a cancelar de forma anticipada depósitos a plazo fijo, u otro tipo de productos, con el consiguiente perjuicio a la entidad, para poder "salvaguardar" la situación de las cuentas.

Además, señalan que, con el objetivo del "ocultamiento" de la situación, "manipuló" y "falseó" las cuentas que presentaba a la Junta Rectora y al Comité de Vigilancia, contabilizando como fondos de la Cooperativa pagarés a nombres de las empresas de algunos de los imputados que no se habían cobrado.

Por lo tanto, para estas partes ni la Junta Rectora ni el Comité de Vigilancia conocían los descubiertos. "O son muy buenos actores o ninguno tenía conocimiento de que se estaba produciendo estas circunstancias", ha afirmado el fiscal.

Ha expuesto que, de lo contrario, si la Junta permitiera descubiertos de la magnitud que existían por parte de los imputados o cubrirlos con pagarés de sus empresas, el gerente no habría "manipulado" las cuentas.

También alude a que en las actas de las reuniones de la Junta Rectora no se indica que se haya hablado de la existencia de estos descubiertos, ni de la existencia de los pagarés y se señala como prueba del desconocimiento de la situación la intención de sus miembros de llevar a cabo un geriátrico, entendiendo que había fondos en la Cooperativa.

Sin embargo, el fiscal reconoce "cierta responsabilidad" de la Junta Rectora en lo sucedido al no haberse servido de órganos especializados, permitiendo una "irregular gestión de crédito" por parte de JR.G que -ha dicho- "debió ser erradicada de origen".

También le ha reprochado a sus miembros su "fe ciega" en JR.G permitiéndole un "sobredimensionamiento" y una "concentración" de sus atribuciones.

Para el resto de los imputados, el fiscal y la acusación particular mantienen el delito de apropiación indebida y han rechazado, por ser "contrario a la lógica", el argumento de que éstos desconocían que había descubiertos en sus cuentas.

El fiscal ha señalado que la contabilidad de las empresas evidencia que tenían pérdidas, a pesar de lo que seguían funcionando "perfectamente", pagando las nóminas o comprando, incluso bienes. "De algún lado sacaban el dinero", ha afirmado.

Por su parte, la acusación que representa a la Cooperativa ha rechazado la atenuante de reparación del daño que ha reclamado el abogado de V.F., al que se le acusa de apoderarse de 11,5 millones de euros, de la defensa al entender que no ha existido tal reparación del daño. También este mismo letrado ha reclamado la atenuante de dilaciones indebidas.

Todos los abogados de la defensa han elevado en la sesión de este lunes sus conclusiones previas a definitivas y dos de ellos han introducido calificaciones subsidiarias.

En la sesión de este martes, que se iniciará a las 10.00 horas, está previsto que la defensa exponga su informe, tras lo que restaría escuchar por última vez a los imputados, con lo que el juicio quedaría visto para sentencia.