El vicepresidente de Bancaja, Antonio Tirado, ha atribuido el agujero patrimonional en Bankia, que pasó a tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979, a "hechos sobrevenidos" que estuvieron motivados por "el deterioro de la situación económica y el aumento de la morosidad" de los clientes con créditos hipotecarios, informaron fuentes jurídicas.

En su declaración en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, Tirado, que fue alcalde de Castellón por el PSOE y consejero de Bancaja a propuesta del PP, ha defendido que las cuentas de 2011 aprobadas en marzo estaban "bien hechas", a pesar de que tuvieron que ser reformuladas en mayo con una inyección de 19.000 millones de euros en cuentas públicas.

Además del agujero en los activos inmobiliarios, que ha cuantificado en 3.000 millones de euros, y el de la cartera crediticia, de otros 5.000, el exconsejero ha señalado que la situación de la entidad se vio perjudicada por los dos decretos aprobados por el Gobierno para el saneamiento de los activos inmobiliarios de las entidades financieras.

Saneamiento "excesivamente acelerado"

En una misma línea se ha manifestado el exsecretario de Estado de Industria y Energía con el PP José Manuel Serra Perís, que también ha atribuido los problemas en Bankia-BFA, de la que fue consejero entre enero de 2011 y mayo de 2012, a los "problemas con el ladrillo". Según sus cálculos, el grupo acumuló 75.000 inmuebles que dejaron un agujero de 23.000 millones de euros.

El exconsejero, que ha defendido las cuentas de marzo porque coincidían con todos los balances trimestrales que se fueron haciendo durante ese ejercicio, también ha achacado la situación que provocó el rescate y la nacionalización de Bankia a que el plan de saneamiento fue "excesivamente acelerado".

También ha declarado como imputado el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, que ha asegurado desconocer muchos de los aspectos por los que ha sido preguntado porque sólo estuvo en el Consejo de Administración de Bankia entre el 15 de junio y el 9 de diciembre de 2011. Aún así, ha indicado que la reformulación de las cuentas era "el mal menor" y que constituyó "un ejercicio inmenso de generosidad".

En la causa están imputados los 33 exconsejeros de la entidad así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. El juez Andreu les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.