Los juzgados de Fontiñas, en Santiago de Compostela, acogerán desde las 9.30 horas de este lunes la declaración de ocho controladores aéreos de Lavacolla imputados por los problemas causados durante el conflicto de 2010, que mantuvo cerrado el espacio aéreo español. Las declaración se prolongará el martes.

Así lo ha informado la Unión Sindical de Controladores Aéreos, que ha apuntado esta semana que varias sentencias de distintos Juzgados de lo Social, entre ellas una del Juzgado de Santiago de Compostela, consideran que Aena obligó en 2010 a los controladores aéreos del aeródromo compostelano a realizar de forma simultánea dos actividades "incompatibles".

Según se recoge, por ejemplo, en una sentencia del Juzgado de Santiago de Compostela con fecha de julio de 2012, los controladores fueron obligados a realizar de forma simultánea y por "necesidades del servicio" operaciones de control de la torre y de aproximación, dos puestos que el Reglamento de Circulación Aérea considera "distintos e incompatibles".

Aunque el documento de configuración de capacidades del Centro de Santiago de Compostela "admita" la unificación de estas dos labores, este documento "se halla en todo caso supeditado al Reglamento de Navegación Aérea", que "no contempla la obligación de prestar el servicio de control de aeródromo conjuntamente con el de aproximación y ruta desde una única posición de control".

En este sentido, la sentencia considera que "existen importantes diferencias entre los servicios de control de torre", que es "visual hasta donde llega la vista y se lleva a cabo fuera de la torre de control", y de control de aproximación, "que se realiza delante de la pantalla del radar", por lo que cree que el hecho de cubrir ambas funciones con una sola persona era, "cuando menos, de dudoso encaje legal". Esto ha provocado la revocación de las sanciones interpuestas a algunos de estos profesionales.

Conflicto de 2010

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha asegurado que estos profesionales "denunciaron reiteradamente estos hechos ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)" durante el conflicto de 2010, aunque los "responsables de Aena los coaccionaron con amenazas de sanciones y despidos", según ha criticado.

Éstos, a su vez, "se enfrentaban de manera individual a responsabilidades penales en caso de accidente o incidente grave si cedían al chantaje de trabajar en las mencionadas configuraciones ilegales", ha recordado USCA.

Según el sindicato, el motivo por el que obligaron a un mismo controlador a operar dos posiciones "estaba provocado porque la mayoría de los controladores estaban a punto de superar legalmente la jornada máxima permitida". Esta circunstancia provocó, de hecho, el cierre del espacio aéreo gallego a finales de 2010, un conflicto que se extendió por toda España y que terminó con la declaración del Estado de Alarma a nivel nacional.