El PSOE asturiano dice que las nuevas tasas judiciales crean una justicia "para quien pueda pagársela"

La diputada del PSOE en la Junta General del Principado (JGPA), Judit Flórez, considera que la nueva Ley de Tasas Judiciales del Gobierno de España "elimina el principio de una justicia igual para todos y lo convierte en una justicia para quien pueda pagársela".
Pleno de la Junta General 23 de noviembre
Pleno de la Junta General 23 de noviembre
EUROPA PRESS

La diputada del PSOE en la Junta General del Principado (JGPA), Judit Flórez, considera que la nueva Ley de Tasas Judiciales del Gobierno de España "elimina el principio de una justicia igual para todos y lo convierte en una justicia para quien pueda pagársela".

A través de una nota de prensa ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Rúiz Gallardón, por impulsar una ley que sólo permitirá a aquellos que dispongan de dinero suficiente acudir a los tribunales.

Flórez que la reforma "supone el mayor desprecio a todas las garantías jurídicas alcanzadas en nuestro país hasta la fecha" y que se traducirá "en una administración de justicia cara, inasequible para muchos y utilizable solo por aquellos que, simplemente, dispongan de dinero".

La diputada socialista se refirió a que la nueva ley de tasas es "una ley recaudatoria, disuasoria, además de penalizadora en algunos procesos, ya que convierte un recurso en un castigo económico". Y puso algunos ejemplos de ello, como el coste que a partir de ahora tendrá recurrir un despido, 500 euros, o un divorcio, que supondrá 300 euros más el 0,5 por ciento de los bienes que reclamen las partes.

"El Gobierno de España justifica la ley en la premisa falsa de que la recaudación obtenida servirá para sufragar los costes de la asistencia jurídica gratuita, una premisa que ya ha sido rechazada por el Consejo General del Poder Judicial en informe de 16 de mayo y que, además, no se sostiene porque el Gobierno de España trabaja en una reforma de la asistencia gratuita que excluirá de este beneficio a un gran número de supuestos", ha dich.

Advierte además de que los delincuentes económicos que estafen millones de euros no depositarán un solo céntimo en concepto de tasas, pero el empleado público que quiera recurrir una sentencia adversa deberá abonar previamente una tasa de 800 euros. "Se convierte así en una ley no sólo recaudatoria y disuasoria, también en penalizadora, ya que quien interponga una demanda o un recurso pagará un castigo económico por ello", explicó la portavoz en materia de Justicia", ha explicado.

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