El PSOE-A defenderá el jueves una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno de la Nación una serie de medidas que den respuesta al drama de los desahucios en este país.

En este sentido, PSOE-A plantea en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la Junta reclame al Gobierno central que establezca las medidas del Código de Buenas Prácticas del Real decreto ley 6/2012 como obligatorias para todas las entidades de crédito que reciban apoyo público, es decir, participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), y que paralice el devengo de los intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si se trata de la ejecución de vivienda habitual.

También solicita que el Gobierno andaluz pida al Ejecutivo nacional que modifique el Real decreto ley 27/2012 para ampliar el umbral de ingresos de sus posibles beneficiarios a familias que perciban rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas que no superen en 2'5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); que potencie los procedimientos extrajudiciales de ejecuciones hipotecarias, y que modifique la Ley Hipotecaria para que los intereses de demora no puedan ser más de dos puntos superiores al tipo de interés remuneratorio.

El PSOE-A expresa su preocupación por que la pérdida de empleo y la disminución de ingresos familiares, junto al imparable aumento del coste de la vida —en parte debida a medidas como las subidas de impuestos como el IVA— hace que sea cada vez más difícil para miles de familias atender el pago de sus hipotecas y, aunque, en principio, parece que es un problema que afecta sólo al 3 por ciento de la población endeudada, no es menos cierto que se trata de un drama social que está teniendo consecuencias muy graves.

Recuerda que el Gobierno de España aprobó en marzo un Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, del que ya se advirtió que estaba abocado "al fracaso". Varios meses después de su entrada en vigor, algunas fuentes han situado en torno a 600 los casos acogidos a este Real Decreto Ley, una cantidad "a todas luces insuficiente si tenemos en cuenta el volumen de familias afectadas o ya amenazadas por la ejecución de sus hipotecas".

Tras apuntar que en el primer semestre de este año han sido 48.213 las ejecuciones realizadas, el PSOE indica que desde el Gobierno central se ha lanzado un mensaje "pretendidamente tranquilizador, afirmando que sólo hay unos 15.000 casos de ejecuciones que afecten a viviendas habituales, no es menos cierto que estamos hablando de miles de familias, muchas de ellas completamente desprotegidas, con niños pequeños a su cargo, y que el contexto económico impide ser optimistas con respecto a un punto de inflexión en este problema".

Según el grupo socialista, el deterioro de la situación económica y la creciente presión social, junto a la movilización de los principales partidos de la oposición y las iniciativas tomadas por otras administraciones públicas (entre las que cabe destacar el Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía) han obligado al Gobierno a reaccionar.