Primero fueron las manifestaciones de los 'indignados' de Sol, más tarde las convocatorias de la plataforma 'Rodea el Congreso' de tomar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo y ahora las obras de rehabilitación del edificio. El caso es que la Cámara Baja va a estar al menos otros diez meses cercada por las vallas.

Cualquier viandante que se acerque estos días a la plaza de las Cortes se encontrará con un Congreso de los Diputados medio oculto tras una empalizada de metal, por la que apenas asoman las melenas de Daoíz y Velarde, los dos leones de bronce que custodian la escalinata del Palacio desde hace casi 150 años.

Y es que la Cámara Baja, sede de la soberanía nacional y lugar de trabajo de la "denostada" clase política, tiene goteras.

Además de las filtraciones de agua de lluvia, los equipos de aire acondicionado del viejo edificio no dan para más, por culpa de un pobre aislamiento térmico que les resta eficacia.

Durante los trabajos de reparación de las cubiertas y de los patios, también se limpiarán las vidrieras para recuperar la luminosidad del salón de plenos, eliminando la contaminación acústica y garantizando la seguridad y salubridad de las añejas instalaciones, en cumplimiento de la normativa vigente.

La factura de las obras: 4,5 millones de euros, adjudicadas por Patrimonio del Estado a la empresa Dragados por un plazo aproximado de diez meses, aunque fuentes parlamentarias advierten de que las obras se "saben cuando empiezan, pero no cuando acaban".

Algún diputado reconocía esta semana con triste ironía que los achaques de vejez del edificio parecen sufrirlos también sus inquilinos, los políticos, considerados por los ciudadanos como el tercer problema de España, según las encuestas del CIS.

Ese alejamiento entre representantes y representados tendrá también su reflejo, por culpa de las obras, en la suspensión de las tradicionales jornadas de puertas abiertas que se celebran cada año en fechas cercanas al Día de la Constitución.

Informes técnicos desaconsejan las visitas por motivos de seguridad, ya que el Palacio estará vallado durante meses y con andamios en sus fachadas.

Por el mismo motivo, se trasladará al Senado la recepción institucional del 6 de diciembre, que congrega a representantes de las altas instituciones del Estado, del Gobierno central, las comunidades autónomas, partidos políticos y sociedad civil.

También se ha decidido suspender a partir de diciembre todas las visitas guiadas al Congreso.

No obstante y siempre que sea posible, habrá público en las tribunas, porque, según el presidente del Congreso, Jesús Posada, esa asistencia de los ciudadanos "es parte esencial del proceso democrático", pues a ellos se dirigen los diputados.

El único aspecto positivo del cerrojazo —si lo hay— es el ahorro de 200.000 euros que supondrá la suspensión de las jornadas de puertas abiertas.

Según han explicado fuentes parlamentarias, el Congreso se gasta cada año algo más de 100.000 euros en la publicidad del evento, que suele durar dos días, una cantidad a la que debe sumarse el precio del obsequio que se entrega a cada visitante y el "caldito" que se les ofrece para entrar en calor, entre otros gastos.

Pese al ahorro, la suspensión levantaba esta semana las suspicacias de los grupos de la oposición, que se preguntaban si detrás de la medida se ocultaba el deseo de blindar la Cámara frente a las protestas ciudadanas.

A la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, le parece "fatal" que no haya este año jornadas de puertas abiertas y ve "altamente sospechoso" que las obras que lo impiden hayan empezado precisamente dos semanas antes.

A su juicio, dada la "situación que estamos viviendo de desconfianza en la política, las puertas del Congreso deberían estar abiertas" para el Día de la Constitución.

Más incisivo ha estado el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, que teme que el PP pretenda así "hacer desaparecer" una fiesta civil, como es el Día de la Constitución, en favor de la festividad de la Inmaculada, que se celebra dos días después, el 8 de diciembre.

Hasta los profesionales de las televisiones acreditadas en el Congreso han puesto ciertos reparos, porque las vallas y los andamios afearán sus conexiones en directo en las puertas del Congreso.

En su descargo, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha desvinculado por completo las obras y la suspensión de las jornadas de las protestas protagonizadas por los "indignados".

Le ha amparado el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que ha insistido en que han sido los técnicos del Congreso los que desaconsejan las visitas y ha recordado que las obras ha habido que hacerlas porque el "PSOE dejó hasta el tejado del Congreso sin arreglar".