La Junta cifra en 318 los potenciales beneficiarios en la provincia de la ampliación de ayudas agroambientales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha cifrado en 318 el número de productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Sevilla que podrían beneficiarse de la ampliación a seis años de las líneas de ayudas a las razas autóctonas en peligro de extinción, la ganadería y la agricultura ecológica aprobada por este departamento del Gobierno andaluz.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha cifrado en 318 el número de productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Sevilla que podrían beneficiarse de la ampliación a seis años de las líneas de ayudas a las razas autóctonas en peligro de extinción, la ganadería y la agricultura ecológica aprobada por este departamento del Gobierno andaluz.

En concreto, según las estimaciones de la Junta, 223 de esos potenciales beneficiarios se encuadran en el sector de la agricultura ecológica, 78 en la ganadería ecológica y 17 en el de las razas autóctonas, colectivos que podrían optar, respectivamente, a partidas de ayudas de más de 1,5 millones, 755.000 euros y más de 105.000 euros.

En un comunicado, la Consejería ha explicado que esta ampliación de la línea de ayudas permitirá que todos aquellos beneficiarios de estas submedidas que iniciaron sus compromisos en 2008, en vez de finalizarlos en 2012, como estaba inicialmente previsto, puedan solicitarlas de nuevo en 2013 en caso de mantener sus compromisos durante dicha anualidad.

La Junta de Andalucía considera "primordial" mantener el apoyo a estos sectores, ya que, según ha destacado, el "impulso" de la producción ecológica constituye "una de sus principales líneas de actuación", al tratarse de un modelo de producción que se caracteriza por "un adecuado equilibrio en la explotación de recursos naturales".

Además, a juicio del Gobierno andaluz, el sector ganadero requiere en estos momentos de "un apoyo decidido" a causa de la "difícil situación" que atraviesa y que se deriva del incremento de los costes de producción.

Según la Consejería de Agricultura, el respaldo económico es "básico" para el mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de extinción, que "forman parte del patrimonio genético y cultural del territorio, aportan diversidad y rusticidad a las poblaciones ganaderas de Andalucía, son fuente de productos ganaderos de calidad y se gestionan bajo sistemas tradicionales, respetuosos con el entorno", pero que "no pueden competir en rentabilidad económica con otras razas mejoradas".

Por otra parte, la cuarta submedida agroambiental que finaliza el periodo quinquenal de compromisos en 2012, la de apicultura para la mejora de la biodiversidad, ya ha sido prorrogada un año más en virtud de una orden de la Consejería de 26 de enero de 2012, que permitió a los productores que iniciaron sus compromisos en 2007 y 2008 ampliarlos un año más.

Ayudas agroambientales

Las ayudas agroambientales que han sido ampliadas se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural y tienen como objetivo general "el apoyo al desarrollo sostenible de las zonas rurales y de la actividad agraria en Andalucía mediante la promoción de prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente y el paisaje".

Además, también tienen como finalidad, según explica la Junta, "responder a los principales problemas agroambientales de la actividad agraria en Andalucía, como, por ejemplo, el control de la erosión, la reducción de la contaminación difusa en las cuencas de embalses de abastecimiento de agua potable, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la fertilidad de los suelos y eficiencia en el uso del agua, el fomento de la biodiversidad, la conservación de recursos genéticos o la consolidación y conservación de sistemas productivos tradicionales de gestión sostenible.

Estas ayudas se conceden a los agricultores que suscriben de forma voluntaria compromisos agroambientales y cubren los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de los compromisos suscritos por un periodo de cinco años, aunque la normativa reguladora permite la posibilidad de su ampliación hasta siete años.

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