Jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios se han unido este viernes en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia para clamar contra las tasas judiciales que pretende aplicar el Gobierno central.

Es la primera vez que se reúne todo el colectivo judicial en una misma concentración, y lo ha hecho bajo el lema 'Por una justicia digna'. Al respecto, el responsable de CCOO, Enrique Campayo, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que los funcionarios "vienen haciendo concentraciones todos los viernes", pero hoy "se han sumado a la convocatoria tanto jueces como fiscales".

Todos ellos han mostrado su rechazo al proyecto de tasas judiciales y, además, su oposición a cómo se está planteando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha aseverado Campayo. Asimismo, cada colectivo también tiene su reivindicación específica, independientemente de estos dos "grandes problemas".

"Por primera vez, tanto asociaciones de jueces, como funcionarios y todos los estamentos judiciales han estado en contra de la política del Gobierno", ha declarado Campayo, al tiempo que ha añadido que no descartan otra concentración conjunta "si no hay ninguna respuesta por parte del Ejecutivo".

Por su parte, el responsable de UGT, Santiago Alegre, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que la concentración "ha ido bastante bien, porque han salido muchos jueces a la calle, al igual que funcionarios", ha dicho. En total, unas 400 personas, según ha estimado.

Alegre ha afirmado que la "gota que ha colmado el vaso" ha sido la normativa de tasas judiciales, que ha hecho que jueces y funcionarios "se unan en esta protesta" ya que con esta ley "lo único que se pretende es, con la excusa de la agilidad, eliminar el acceso a la justicia de las clases bajas y medias".

Con esta actuación —ha dicho— "solo tendrán acceso a la justicia los muy pobres, y será porque podrán ser asistidos por un abogado de oficio". El resto "probablemente desista" porque "tendrá que pagar cantidades desorbitadas".

En general, sobre las tasas, los funcionarios han mostrado su oposición "a la degradación del derecho a la tutela judicial efectivo y del principio de igualdad de todos los españoles a la hora de acceder a los tribunales".

Al respecto, han lamentado que "una vez más, se intenta atajar el problema por el lado fácil, haciendo dejación de funciones y dejando en el camino a millones de ciudadanos, en especial los más débiles, que verán mermada, cuando no impida, la posibilidad para ejercitar acciones legales para ver reconocidos sus derechos".