Cientos de jueces y fiscales, apoyados por los abogados, han exigido en concentraciones convocadas en las principales ciudades gallegas la "retirada inmediata" de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al considerar que "perjudica la calidad de la justicia" y "no encuentra justificación alguna en la situación actual de crisis económica".

Estas movilizaciones ante las sedes judiciales de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol, se han sumado a las convocadas para este viernes por las siete asociaciones que integran la Comisión Interasociativa de forma simultánea en toda España.

Precisamente, ante los juzgados de Santiago de Compostela un centenar de personas, entre jueces, fiscales, abogados y funcionarios, han exigido la "retirada inmediata" de este proyecto de ley y han reclamado "que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga su actual estructura y competencias potenciando el consejo fiscal".

En el lugar, el juez decano de Santiago de Compostela, Jorge Cid, y el fiscal compostelano y presidente de la Asociación de Fiscales (AF), Antonio Roma, han pronunciado un manifiesto en el que han mostrado el rechazo de los profesionales de la Justicia a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del poder judicial".

En este sentido, han reclamado "autonomía presupuestaria" para el CGPJ y la Fiscalía General del Estado de modo que "se garantice la independencia y eficacia del poder judicial y la autonomía del Ministerio fiscal".

Aumento de la plantilla

Los profesionales han defendido "el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea" para lo que han considerado que "se deben convocar anualmente oposiciones como mínimo de 250 plazas".

"La sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de jueces y fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina", han reivindicado.

Además, entre otras cuestiones, han reclamado la "creación de tribunales de instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales", ya que "el actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e inversión uniforme para todo el Estado".

TASAS

Precisamente, en declaraciones a los medios de comunicación, el juez decano de Santiago, Jorge Cid, ha mostrado también la "oposición" de los profesionales de la Justicia a la "ley de tasas" al considerarla "desproporcionada" y que "limita el acceso a la Justicia" de una forma "desmedida".

"Consideramos que se debe prestar un servicio que sea ágil pero la forma de suprimir el colapso en los juzgados no es a base de impedir que la gente defienda sus derechos ante los tribunales, sino gestionando eficazmente la administración judicial", ha asegurado.

Además, ha incidido en la necesidad de "una regulación" de la carga de trabajo para "que sea asumible" y los profesionales "puedan prestar sus servicios en unas debidas condiciones de calidad". En este sentido, también ha rechazado "el régimen sustituciones forzoso que se prevé implantar".

Por su parte, cuestionado sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de estas medidas, el fiscal Antonio Roma ha considerado "muy difícil anticipar que es lo que puede pasar con una ley ante el Tribunal Constitucional".

Con todo, ha mostrado su sorpresa ante la "celeridad" con las que se están llevando a cabo "los asuntos que afectan a la Justicia" y ha criticado que "su tramitación haya permitido poco diálogo".

Lugo y pontevedra

En Lugo, se ha celebrado una paro simbólico frente a las puertas de los juzgados también a las 13.30 horas, en una protesta conjunta de jueces, magistrados, secretarios y funcionarios, a la que se ha unido los colegios de abogados y procuradores, según ha explicado a Europa Press la magistrada y miembro de Jueces para la Democracia Dalila Dopazo.

El juez decano, Darío Reigosa, ha sido el encargado de leer un texto reivindicativo de la comisión interasociativa formada por jueces y fiscales, para denunciar la precarización de la profesión, la falta de medios y la subida de tasas que supondrá una limitación del Justicia a los más desfavorecidos.

En la movilización celebrada en Pontevedra, ha participado una treintena de profesionales, entre los que se encontraba el fiscal jefe y el presidente de la Audiencia Provincia, con la peculiaridad de que la concentración, a diferencia de las organizadas en otras ciudades gallegas, ha transcurrido en el interior de las dependencias de la Audiencia Provincial debido a la coincidencia con otra protesta en el exterior.