La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo consultará a las instituciones europeas acerca del impuesto extremeño sobre depósitos bancarios, que ha avalado el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia conocida ayer y que resuelve un conflicto de hace diez años, puesto que una década después estos impuestos ya no dependen de las comunidades ni de España, sino que es materia comunitaria.

"Ahora, este asunto excede lo que es el ámbito de los Estados miembros", ha explicado Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que si "diez años es mucho tiempo en todo", lo es especialmente para el sector bancario tras la crisis que sufre.

La sentencia del TC respalda ese tributo extremeño establecido por el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y recurrido por el de José María Aznar. El actual dirigente extremeño, José Antonio Monago, acogió ayer la sentencia con satisfacción y adelantó el destino de una parte de los 240 millones de euros que le corresponden, en concreto, la paga extraordinaria de diciembre de los funcionarios.

Sobre el asunto del impuesto bancario, la vicepresidenta ha subrayado cómo han cambiado las circunstancias económicas en los diez años que ha tardado en llegar la sentencia y cómo hoy, en la UE ya se pueden establecer tasas a las transacciones bancarias mediante cooperación reforzada.

Además, ha recordado que España está sujeta a cumplir las condiciones del memorándum que firmó para el rescate bancario y que se debe estudiar cómo encaja en estas exigencias un impuesto como el extremeño.

Dicho todo esto, Sáenz de Santamaría ha insistido en que es necesario consultar a las instituciones europeas y supervisoras de ese memorándum qué se puede hacer ahora con un impuesto en vigor, según la sentencia judicial. "Y a resulta de esas consultas, determinar cuál es el mejor procedimiento para ajustar al modelo actual la resolución judicial sobre una norma de hace 10 años", ha reiterado.

La extra de los funcionarios

La portavoz del Gobierno también ha sido preguntada por la intención del Ejecutivo de Extremadura de abonar esta Navidad una paga extraordinaria a sus funcionarios, un pago que se producirá en enero y que será en realidad un adelanto de la extra de junio de 2013.

Al respecto, Sáenz de Santamaría ha reconocido no tener muy claro cuál es la medida que va a tomar el Gobierno extremeño. Ha advertido en cualquier caso de que la obligación de todas las administraciones públicas es no pagar la extra de Navidad de este año y de que es de obligado cumplimiento, a riesgo de terminar en el Tribunal Constitucional.