El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra la reforma de la Ley de Función Pública del Govern que preside José Ramón Bauzá, aprobada por el Parlamento balear, mediante la cual el catalán pasa de ser un requisito a ser un mérito en el acceso a la Administración Pública balear.

Así lo ha hecho público el TC con un escrito remitido a las partes en el que se acuerda trasladar el expediente al Govern y Parlamento de las Islas Baleares, así como también al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno Central, para que puedan personarse en el procedimiento y presentar alegaciones en el plazo de quince días.

En la reunión del Pleno del Constitucional, celebrada el pasado 13 de noviembre, los magistrados acordaron aceptar el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores del PSOE contra los apartados 1,3,5,6,7,8 y 9 del artículo único, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales primera (apartados 1,2,4,5 y 7), segunda y tercera de la ley 9/2012, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Desde el PSIB-PSOE, la portavoz adjunta, Pilar Costa, ha manifestado su satisfacción por la decisión del TC y ha dicho que "es un paso más para que se reconozca finalmente la inconstitucionalidad de la ley del Govern Bauzá en contra de una de las lenguas cooficiales en nuestra Comunidad Autónoma, el catalán".

Costa ha afirmado que "espera que el Parlamento y su presidente se posicionen a favor del recurso presentado por el PSOE y defiendan la lengua catalana en contra del ataques de Bauzá". La portavoz socialista ha recordado que la presentación del recurso ante el Constitucional se hizo por defender "la legalidad, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares y el consenso que hace más de 25 años que teníamos en materia lingüística y que se han roto con la llegada del Ejecutivo de Bauzá".

Para Costa, la reforma de la ley de Función Pública del PP es una "estocada" en el proceso normalizador puesto que se opta preferentemente por la lengua castellana con menoscabo de la mínima consideración que exige la lengua propia y oficial de la comunidad autónoma.

El pasado mes de octubre, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, acompañada de los senadores socialistas Francesc Antich y Antoni Manchado, presentaron ante la sede del TC este recurso de inconstitucionalidad. Este es el primer recurso que presenta el PSIB-PSOE ante el Tribunal Constitucional y lo hace después de que el PP haya ignorado las más de 12.000 alegaciones presentadas contra la reforma de la ley así como las manifestaciones de protesta, dónde participaron más de 50.000 personas.

Claves del recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad hace objeciones porque los preceptos que contiene "contradicen los imperativos de la normalización progresiva de la lengua catalana, visto que se establecen auténticas medidas de involución en el proceso de defensa, conservación y promoción de la lengua propia en el territorio de las Baleares, operante de este modo una verdadera desprotección de la lengua catalana en el ámbito administrativo y de la función pública en la medida que esta ley abre la vía porque el catalán sea una lengua subordinada y prácticamente innecesaria".

A la vez, los socialistas consideran que las medidas adoptadas por la mayoría parlamentaria del PP "van claramente en la dirección de aminorar el uso del catalán en el ámbito institucional y administrativo, visto que los nuevos empleados públicos, de forma mayoritaria, no tendrán la obligación de conocer la lengua propia, de forma que habrá una tendencia a la castellanización a la hora de la utilización de la lengua con los administrados, pero también a la hora de los procedimientos administrativos".

Por último, desde el PSIB se apunta que la Ley "invade las competencias de los municipios y de los Consells Insulares, indicándole que no exijan el catalán para acceder a un lugar de trabajo público, con algunas excepciones".

El recurso presentado por los socialistas, en contra la modificación de la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno del PP, considera que se vulnera la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y el Estatuto Básico del Empleado Público.