La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que este miércoles ha presentado ante el juez instructor del caso Nóos para solicitar una fianza civil de casi dos millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y sus sociedades, apunta a "una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder" en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana con el Instituto Nóos.

Así lo pone de manifiesto el fiscal Pedro Horrach en un pormenorizado escrito de 175 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que asevera que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos, a través de los cuales ambos imputados se hicieron presuntamente con un total de 5,8 millones de euros, son "fruto de una actividad delictiva predeterminada" así como de decisiones adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder".

Con ello, asevera el fiscal, la única finalidad que perseguían los imputados en esta causa era "únicamente beneficiar a una determinada entidad", en alusión a Nóos, "al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública". Al margen de las consideraciones del Ministerio Público, el escrito incluye un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró el Instituto.