La Fiscalía presenta su escrito para pedir al juez la fianza de 8,2 millones para Urdangarin y Torres

Si el juez la estima, cada uno de los imputados podrá abonar su parte de forma desigual o podrá pagar tan sólo uno de ellos, mientras se garantice el pago de la cantidad global

La Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

El fiscal Pedro Horrach ha solicitado de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto con el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.

Se trata de una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario, tal y como señalaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también ha presentado esta mañana su escrito, de 30 páginas, en el que pide la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

La abogacía de baleares no ha realizado ninguna petición

Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, para el caso de que el juez Castro no estimase la primera de las peticiones. Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en este proceso, no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

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