El fiscal del Tribunal de lo Criminal de París Jean-François Ricard señaló este martes que, a la vista de documentos requisados al ser detenidos en 2004 los jefe etarras Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre, la banda controlaba Batasuna, el sindicato LAB y la organización juvenil Haika.

Ricard presentó, durante el proceso contra Albisu e Iparraguirre unos textos en los que interpretó que la alusión a Batasuna con el término "secretariado" y con el de "2-3 personas" significaba que ETA era incluso la que decidía la estructura de los órganos de ese partido, ilegalizado en España pero autorizado en Francia.

En otro extracto, la cifra de 4.000 junto a LAB la asoció a una transferencia de fondos, y lo mismo hizo con otras indicaciones referidas a Haika.

Albisu, alias "Mikel Antza" le replicó que "es imposible que ETA establezca" la acción de Batasuna o de un sindicato como LAB y "menos todavía" de una organización juvenil.

El representante del Ministerio Público continuó con su argumentación con una cronología de 2004 a 2012 sobre varias fases de un proceso que conduciría a la independencia del País Vasco y que estaba en la casa de Salies de Béarn (suroeste de Francia) donde fueron arrestados el 2 de octubre de 2004 "Mikel Antza" y su compañera Iparraguirre, alias "Anboto" o "Baltza".

Según su lectura de esos cuadros, cuya redacción atribuyó a Albisu, "todo el movimiento independentista está pilotado por ETA", y lo ilustró en particular con un proyecto de comunicado que se había hecho con una fecha imaginaria futura, en concreto el 27 de marzo de 2005, en el que la organización terrorista validaba un acuerdo de partidos y sindicatos de la izquierda abertzale.

Ricard destacó que ese texto "demuestra hasta qué punto ETA instrumentalizaba a esos movimientos" independentistas "al contrario" de lo que ocurre ahora.

También comentó que el proyecto de comunicado está relacionado con la preparación de la que llamó "falsa tregua" de 2006, y que recordó que terminó con el atentado contra el aeropuerto de Barajas en el que murieron dos personas.

El fiscal estimó que la famosa cronología era una forma de planear cómo "poner de rodillas" a España y Francia para que accedieran a las exigencias de ETA. Y advirtió de que, aunque no sabe qué ocurrirá ahora con la declaración del fin de la lucha armada, "en las dos treguas precedentes (...) el objetivo de ETA era reforzarse considerablemente".

Una idea que fue rebatida por los dos que se sientan en el banquillo en este juicio en apelación —en primera instancia fueron condenados a 20 años cada uno en tanto que dirigentes de la organización terrorista—.

"Mikel Antza" rechazó que se los califique de terroristas —"somos militantes políticos", dijo, e insistió en que "ETA ha utilizado la lucha armada para asegurar la supervivencia del pueblo vasco" y que a causa del conflicto "ha habido 1.200 muertos en los dos lados".

Preguntado por una de las juezas del tribunal sobre si aprobaba las acciones de ETA, Albisu respondió: "el término no es aprobar, soy solidario". A continuación puntualizó que "no hay un solo militante de una organización que apruebe todas sus acciones".