El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha considerado que "ya van siendo demasiados" los casos judiciales en los que están implicados cargos públicos del PP y ha criticado que la dirección provincial del partido esté dando la "callada por respuesta".

En rueda de prensa, Sánchez Teruel ha hecho alusión a la pena de siete años y nueve meses de inhabilitación especial impuesta al alcalde de Somontín y diputado provincial, Ramón Rueda (PP), quien ha comunicado este martes su dimisión en la institución provincial y la tramitación de la baja de su partido.

Si bien ha calificado de "sensata" la decisión de Rueda de "dejar la política" una vez ha sido condenado "en ejercicio de sus funciones", ha indicado que en las "últimas semanas y meses" se está "comprobando que el PP tiene problemas con la Justicia".

"Cantoria, Garrucha, Fines, Roquetas de Mar, Adra o El Ejido pero tenemos la callada por respuesta", ha asegurado en alusión, entre otras, a querellas interpuestas por el PSOE y a actuaciones por parte de juzgados de instrucción y de la Fiscalía Provincial.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en la Diputación, Esperanza Pérez, ha trasladado su "satisfacción" por la decisión del equipo de gobierno del PP "de no mantener en su cargo a personas condenadas" al tiempo que ha tildado de "coherente" la dimisión.

"Nosotros nos debemos a la sociedad y a hacer servicios que den ejemplo", ha señalado para, a continuación, pedir su cese como alcalde. "Entendemos que la condena es como regidor y, como mínimo, debería dimitir por decencia ya que un juez dice que su conducta es punible penalmente", ha añadido.

Rueda ha pedido este martes su baja en el partido y ha presentado la dimisión de su cargo en la Diputación tras ser condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación por dar agua a la casa ilegal de su suegro. Los concejales en el equipo de Gobierno en Somontín le han secundado y ha tramitado también su baja en "apoyo" a su "compañero".

El Juzgado de lo Penal número 5 considera que el regidor autorizó el suministro de agua "teniendo conocimiento" de que la edificación no contaba con la "preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación" y con "desprecio de las normas exigidas por el ordenamiento jurídico".

Indica también que "dejó de cumplir con su obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades" a efectos de persecución penal "sabiendo" que podían constituir un delito contra la ordenación del territorio, por lo que le condena por delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.