Los concejales que conforman el equipo de gobierno del PP en el Somontín (Almería) han pedido este martes la baja en el partido en apoyo a su "compañero" y alcalde, Ramón Rueda, condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación por autorizar el suministro de agua a la vivienda ilegal de su suegro.

Así, los ediles Antonio Acosta Galera, Pilar Oliver Fernández, Mercedes Navío Torres y Mónica Reche Castillo han secundado a Rueda en su decisión y han tramitado sus bajas en el partido. El regidor ha comunicado también este martes que dimite como diputado provincial y su intención de cursar baja temporal de la formación.

"Queremos mostrar nuestro apoyo a nuestro alcalde y confiamos plenamente en su inocencia. Acatamos la decisión judicial, pero vamos a apoyarle en la preparación de la defensa de su caso", han indicado en un comunicado ya que Rueda ha anunciado la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.

Al hilo de esto, han trasladado que no quieren "perjudicar" al PP. "El Partido Popular debe de estar centrado en buscar soluciones para los almerienses. Nosotros nos desvinculamos del PP para que, en ningún momento, este caso pueda afectar a nuestros compañeros", han concluido.

El Juzgado de lo Penal número 5 considera en una sentencia dictada el 28 de septiembre que el regidor autorizó el suministro de agua "teniendo conocimiento" de que la edificación no contaba con la "preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación" y con "desprecio de las normas exigidas por el ordenamiento jurídico".

Indica también que "dejó de cumplir con su obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades" a efectos de persecución penal "sabiendo" que podían constituir un delito contra la ordenación del territorio, por lo que le condena por delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

La sentencia condena, asimismo, a doce meses de prisión y multa de 15 meses con una cuota diaria de diez euros al suegro del alcalde, Juan O.A. como promotor de la obra y a Ramón G.A., constructor del inmueble por delitos contra la ordenación del territorio.