El pleno municipal de Vigo ha aprobado, con los votos del PSOE y el BNG, una serie de medidas contra los desahucios y de ayuda a las personas afectadas y entre las que se encuentran medidas como que el Ayuntamiento retirará los fondos de las cuentas de entidades financieras que realicen ejecuciones hipotecarias. Además, los votos socialistas y nacionalistas también consensuaron que la Policía Local no colabore a la hora de realizar desahucios.

En la sesión de este martes, que se celebró con carácter extraordinario y a consecuencia de una petición del BNG, se aprobaron las baterías de propuestas presentadas por los nacionalistas y los socialistas, mientras que quedó rechazada la postura del PP, que defendió el decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno.

Entre las principales peticiones aprobadas, se ha instado al Gobierno a paralizar todos los desahucios mientras no se modifique la ley hipotecaria y a que se ponga en marcha la dación en pago y los alquileres sociales. En el ámbito municipal, se aprobó la creación de un servicio para atender a los afectados.

El portavoz del Grupo Municipal del BNG, Santiago Domínguez Olveira, hizo un llamamiento a que los políticos den "ejemplo de unidad, colaboración y de querer mirar de frente a los problemas", especialmente en estos casos, que calificó de "auténticos dramas existenciales". "Tuvo que hacer muertos para que PP y PSOE se sentaran", lamentó el nacionalista, que también criticó que finalmente no llegaron a acuerdos sobre los desahucios.

Domínguez Olveira criticó que el decreto de medidas aprobado por el Gobierno demuestra que éste "vuelve a esconder la cabeza ante la banca", por lo que consideró que ahora se está "en una nueva dictadura, la de los bancos capitaneados por Merkel y su general en jefe Rajoy". Así, reclamó la "rebelión a estas políticas" y consideró que, si los ciudadanos son desalojados por incumplir un "contrato" con una entidad financiera, "a Rajoy, que no cumplió el contrato con la ciudadanía, hay que desahuciarlo" de Moncloa.

Por su parte, el portavoz socialista, Carlos López Font, consideró que "es la hora, no de competir, sino de buscar soluciones" pues se ha llegado a una situación "límite" para las familias, las cuales no sólo pierden su vivienda sino que sufren una "condena financiera de por vida".

Así, consideró que el decreto del Gobierno central es un "parche" porque "no soluciona los problemas a nivel real" e incluye una moratoria muy "restrictiva", lo que le llevó a exigir "un compromiso claro y firme de reformar la normativa".

"hay que solucionar este problema"

El portavoz del Grupo Municipal del PP, José Manuel Figueroa, mantuvo que todos los grupos están de acuerdo en que "hay que solucionar este problema" y defendió la actuación del Gobierno central, que "ya afrontó dos veces" esta cuestión, primero con el código de buenas prácticas y después con el decreto de medidas urgentes de protección a deudores.

En todo caso, Figueroa admitió que las medidas tomadas por el Ejecutivo "seguramente no son suficientes" si bien son "preventivas", recordando que la nueva normativa hipotecaria que se diseñe deberá tener "seguridad jurídica".

"Nosotros vamos a apoyar el decreto del Gobierno y decirle que lo siga aplicando y también intentando negociar con los grupos para que la normativa de desahucios podamos complementarla y buscar fórmulas entre todos para que tenga respaldo jurídico y sea aplicable", ha zanjado el popular.

El pleno contó con la presencia de varios miembros de la Plataforma Stop Desahucios de Vigo, quienes valoraron positivamente los acuerdos alcanzados. Uno de los portavoces, Emilio Domínguez, ha destacado que "por primera vez en este Ayuntamiento se toma conciencia social de los problemas de los ciudadanos" y citó especialmente las medidas relativas a la cancelación de cuentas y denegación de colaboración de la Policía Local.

"Me voy muy contento porque ha habido grandes logros", aseguró, al tiempo que destacó la necesidad de "unir fuerzas y dejar a un lado las siglas". Según estimó Emilio Domínguez, actualmente en el municipio hay unos 40 casos y "cada día está llamando más gente a la plataforma".

PROPUESTAS

Así las cosas, finalmente resultaron aprobadas —con el voto de calidad del alcalde, Abel Caballero— las propuestas de los socialistas y los nacionalistas, sobre las que el PP votó en contra. Además, tanto PSOE como BNG rechazaron la postura del PP.

Entre las propuestas del PSOE figura pedir una moratoria de dos años y prorrogable a otros dos más, paralizando así la ejecución de los desahucios de viviendas habituales y el devengo de los intereses de demora; la dación en pago y los alquileres sociales para los afectados. De igual modo, insta al Ejecutivo a que los activos inmobiliarios del denominado 'banco malo' contribuyan a la formación de un parque de viviendas de alquiler social.

En el ámbito municipal, insta a cancelar las cuentas y rescindir contratos con entidades financieras que ejecuten desahucios, así como a condicionar la apertura de cuentas futuras; a eximir del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a las familias sometidas a un procedimiento de ejecución forzosa y a crear una unidad de asesoramiento jurídico gratuito para afectados.

Además, la Policía Local no colaborará en desalojos fruto de ejecuciones hipotecarias y, en caso de que se produzca, los representantes de los grupos políticos de la Corporación estarán presenten en señal de solidaridad con las familias.

Por su parte, la propuesta de los nacionalistas insta a la exigir al Gobierno la paralización de todos los desahucios mientras no se modifique la ley hipotecaria, que esta norma tenga carácter retroactivo y contemple la dación en pago y la posibilidad de convertir la hipoteca en alquiler.

Además, pide a la Xunta que demande al Gobierno la creación de un fondo económico para evitar el desamparo de los afectados que estén en situación económica extrema, que cree una oficina de asesoramiento, una bolsa de vivienda social y que restaure las ayudas a las hipotecas a los afectados de viviendas de Navia.

En cuanto al gobierno local, pide que cree un servicio de atención a los afectados y que se les ofrezca los servicios de consumo y jurídicos, que se retiren los fondos de las entidades que hagan desalojos y que la Policía Local no colabore en estas ejecuciones.