El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ha asegurado este lunes que carece de cualquier carácter "vinculante" el documento de la Gerencia de Urbanismo esgrimido por el PSOE para defender la tesis de que la restauración de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), y su adaptación como espacio cultural no necesitan la redacción de un plan especial. Vílchez, en ese sentido, ha defendido que se trata de una exigencia del vigente Plan General de Ordenación Urbana.

La Junta de Andalucía, como es sabido, había acordado con la 'Fundación La Caixa' la cesión durante 75 años del antiguo recinto de las Reales Atarazanas, declaradas Bien de Interés Cultural, al objeto de que la entidad bancaria rehabilitase el monumento y crease allí un nuevo espacio cultural merced a la propuesta de intervención diseñada por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

El conflicto de las atarazanas

Pero finalmente, la 'Fundación La Caixa' ha decidido no materializar en las Reales Atarazanas su proyecto de centro cultural. Tras no prosperar la iniciativa en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, que reclamaba un plan especial de actuación que la Junta de Andalucía cree innecesario como propietaria del monumento, la entidad bancaria ha resuelto instalar su centro cultural en el complejo de la torre de 178 metros de altura que, desde hace años, promueve en la Isla de la Cartuja la caja de ahorros Cajasol, recientemente fagocitada por 'Caixabank'. Dado el caso, se desvanece la inversión de 25 millones de euros comprometida por 'La Caixa' para rehabilitar el antiguo astillero.

Dada la polémica suscitada a cuenta del traslado del proyecto, Maximiliano Vílchez ha defendido la posición del Gobierno municipal ante las acusaciones del Ejecutivo autonómico y del PSOE, porque "tanto al gobierno municipal anterior de Sánchez Monteseirín como nosotros, hemos pedido para este proyecto un plan especial", extremo que responde precisamente a lo estipulado "por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". "El PGOU pide un plan especial que sólo supone hacer público el proyecto y admitir alegaciones", ha defendido el edil de Urbanismo, quien acusa a la Junta de Andalucía de no acceder a ceñirse a este procedimiento.

Documento "no vinculante"

Respecto al documento de la Gerencia de Urbanismo esgrimido por el Grupo socialista y cuyo contenido desligaría este proyecto en cuestión del trámite del plan especial, Maximiliano Vílchez ha manifestado que se trata de un escrito "no vinculante". Según ha explicado, tanto el servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, como la asesoría jurídica de su departamento, exponen en sus respectivos informes que este proyecto de actuación necesitaba la redacción y trámite de su "preceptivo plan especial", toda vez que el documento en cuestión es "una carta de un director técnico de la Gerencia de Urbanismo —actualmente ajeno a este cargo— manifestando al Colegio de Arquitectos que, en su opinión, no es necesario un plan especial".

"Es sólo su opinión. No es un documento vinculante", ha dicho Víclhez, quien manifiesta que sólo son vinculantes los documentos firmados por el delegado de Urbanismo, el gerente "dentro de sus competencias" y los acuerdos de los órganos de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. En ese sentido, ha defendido la gestión del Gobierno municipal en este asunto y ha señalado que todo responde a la "decisión unilateral" de 'La Caixa' de abandonar el enclave de las Reales Atarazanas y trasladar su espacio cultural a los podios de la torre Pelli.