Alcaldes socialistas del País Vasco han presentado este lunes una declaración con casi una decena de medidas para luchar contra el "drama" de los desahucios "al que la política y las instituciones" tienen que "poner freno", entre ellas la retirada de los depósitos de los ayuntamientos de las entidades financieras que mantengan los desalojos.

Los alcaldes de Irún, José Antonio Santano, de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, y de Portugalete, Mikel Torres, han presentado esta propuesta, que se llevará a pleno en los ayuntamientos donde gobiernan los socialistas y donde tienen representación y se trasladará a Eudel, Asociación de Municipios Vascos, y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que "cuanto más sumemos los afectados por los desahucios sufrirán menos y tendrán más posibilidades de ver resueltos sus problemas".

Santano, que ha tomado la palabra en representación de sus compañeros alcaldes, ha explicado que su objetivo es "hacer oír nuestra voz frente a un problema gravísimo", el de los desahucios, "que nos afecta a todos en distinta medida y también a la vida de los ayuntamientos".

"Como institución más próxima y cercana al ciudadano nos sentimos obligados a rebelarnos ante esta situación y a ofrecer también una declaración y trasladarla a todos los municipios, para que sea asumida, no sólo por nuestro partido, sino también por el resto de grupos políticos", ha añadido.

En su declaración, los socialistas señalan que, "con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas, entre ellas el pago de la vivienda habitual de una familia".

Santano ha precisado que no se está "hablando solo de perder una vivienda, porque cuando nos enfrentamos al problema de los desahucios sabemos que estamos frente a un drama que tiene que ver con la historia de cada persona, con su vida familiar y personal, pero que supone también, además de perder la vivienda, una condena financiera de por vida", por lo que es "una situación profundamente injusta sobre la que todos tenemos que poner de nuestra parte para empezar a dar soluciones".

A entender de los socialistas, "es necesario reaccionar y no podemos permitir que todas las consecuencias de esta crisis, en especial las de desahucios, recaigan sobre la parte más vulnerable de los contratos hipotecarios y, en cambio, estamos aceptando que las entidades financieras responsables de esta crisis en buena medida mantengan una situación de fuerza en la ejecución hipotecaria, cuyo resultado es la pérdida de la vivienda para miles de familias".

Tras señalar que los ayuntamientos son las instituciones "más próximas al ciudadano" y viven "en primera persona los problemas y las consecuencias personales y sociales que los desahucios están provocando", Santano ha señalado que los alcaldes y concejales "queremos rebelarnos y alzar nuestra voz frente a lo que consideramos un problema, una injusticia y una tragedia para las personas y las familias".

Asimismo, ha reconocido que los ayuntamientos no son la institución que "más capacidad de influir tiene en esta materia" pero ha asegurado que los consistorios pueden "dar un apoyo efectivo a muchas de las familias afectadas a través de los servicios sociales, de la orientación y de la información". "Podemos acompañar a muchísimas familias que están viviendo este tsunami social que nos desborda y que produce un enorme daño en la cohesión social", ha subrayado.

PROPUESTAS

Por todo ello, en su propuesta para "frenar en seco los desahucios" piden "una suma de esfuerzos de todas las instituciones, partidos políticos y agentes sociales para frenar los desahucios, promoviendo un cambio de la legislación hipotecaria y una moratoria de, al menos, dos años, de los desahucios que afecten a la vivienda habitual".

También instan al Gobierno central a que modifique la legislación hipotecaria "con la mayor rapidez posible, homologando de este modo nuestra legislación con la europea, incluyendo la figura de la dación en pago, para evitar la condena financiera de por vida a aquellas personas que han perdido su vivienda".

Además, exigen al Gobierno central "la paralización de los desahucios que afecten a aquellas personas amparadas por el código de buenas prácticas de la banca, durante al menos dos años", ya que, a su juicio, la decisión del Gobierno del PP "se ha quedado muy corta, es absolutamente injustificable e injusta", por lo que piden que "esa paralización de los desahucios aumente el abanico de influencia y afecte a todas las familias que han perdido su vivienda habitual durante dos años", ha señalado Santano.

Asimismo, instan al Gobierno vasco a que "continúe mejorando el ya creado servicio de Mediación Hipotecaria, al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean expulsadas de su vivienda habitual".

En ese sentido, los alcaldes socialistas piden a las diputaciones foral que "colaboren con el Gobierno en esa dirección, reforzando la coordinación y ampliación del gasto social dirigido a paliar los problemas de vivienda".

Por otro lado, exigen a las entidades financieras, "a todas ellas, la paralización de los desahucios, durante al menos dos años" y piden a los ayuntamientos que tomen iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, "entre ellas, la retirada de los depósitos que todos los ayuntamientos tenemos como fondo de tesorería". En ese sentido, ha señalado que retirar el dinero del ayuntamiento "sería una posibilidad".

Otras de sus peticiones a los ayuntamientos es la creación de grupos de trabajo, con presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio "para buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios y estudiar iniciativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de los afectados por los desahucios.

Por último, apuestan por "orientar" a los ciudadanos que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado una cuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente, hacia el servicio de mediación hipotecaria puesto en marcha por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco con carácter público y gratuito.