La Comisión Permanente del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, concluye que el funcionamiento "extremadamente deficiente de los servicios públicos facilitó al moldavo Pietro Arkan acabar con la vida del abogado Arturo Castillo el 20 de junio de 2001, en casa de éste y en presencia de su mujer e hija.

"En este caso, las deficiencias de la policía para identificar y retener a Pietro Arkan coadyuvaron a que éste pudiera cometer un crimen más en su dilatada carrera y la lentitud en prestar ayuda a las víctimas también coadyuvó a los daños sufridos por éstas (mujer e hijas)" asegura el Consejo de Estado, tal y como publica El País.

Este órgano recomienda indemnizar con 760.000 euros a la familia, que ya había denunciado esta descoordinación entre fuerzas de seguridad.

Acusa a los servicios de urgencia de "transformar la llamada de auxilio de la esposa en una queja por ruidos", a los policías que acudieron al domicilio de "esperar 60 minutos hasta ver huir al asesino" y una "profunda descoordinación de el cuerpo policial con la Interpol y con los órganos de jurisdicción penal".