El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón, ha denunciado que en España "se legisla con mucha improvisación", algo que a su juicio se ha puesto de manifiesto tanto en la Ley de Tasas Judiciales como en el Real Decreto en materia de desahucios que acaba de aprobar el Gobierno, una norma "que se ha hecho corriendo" y con una "redacción pésima" que, según ha advertido, "dará lugar a unos problemas de interpretación enormes".

Pellón puntualizó que el decreto es "bienvenido" porque todo lo que sea aliviar la situación de las personas sobre las que pesa la amenaza de un desahucio es "bueno", pero ha subrayado que "se podía haber pensado hace mucho más tiempo y con mucho más criterio", y considera que se ha perdido la oportunidad de hacer "una reforma mucho más amplia", que afectara "a más sectores y actividades" y que no se limitara a la suspensión durante dos años de los desahucios en determinados supuestos.

"Estamos otra vez en la improvisación general, ha tenido que tirarse una pobre chica por la ventana para que tomemos conciencia de algo que lleva pasando en España desde hace varios años", lamentó Pellón.

Tasas judiciales

El decano de los abogados cántabros, que ha realizado estas afirmaciones en una entrevista de RNE recogida por Europa Press, también ve "improvisación" en la ley de tasas judiciales, un ámbito que en su opinión, "no está analizado" y en el que "no hay un estudio económico razonable". "La prueba es que se ha modificado en el Parlamento, donde se han cambiado cuantías, se han suprimido tasas para unos casos y se han puesto para otros", afirmó.

En su opinión, las nuevas tasas judiciales, contra las que se han manifestado recientemente del orden de 400 abogados cántabros, generan "un marco de incertidumbre muy grande", porque los ciudadanos que carecen de medios económicos "no van a poder acudir a los tribunales a reclamar aquello que les corresponde".

Pellón explicó que cuando empezó a ejercer la abogacía, había tasas judiciales que luego se suprimieron, y hace poco se volvieron a imponer pero entonces los abogados no protestaron porque las consideraban "relativamente razonables", ya que "no eran un obstáculo para hacer justicia".

Ahora, sin embargo, los abogados han levantado la voz "sobre todo para tratar de conciencia a la sociedad de lo que se les viene encima" ante la imposición de unas tasas que, a su entender, suponen "una restricción fundamental y una limitación enorme a los derechos de una persona" y que van a hacer que "mucha gente no acuda a los tribunales".

Así, señaló que se darán situaciones como tener que pagar 200 euros para recurrir una multa de 50 euros; 800 para recurrir una sentencia desfavorable; o 2.000 euros por promover el reparto de la herencia de un familiar. "Muchas personas no van a poder defender lo que les corresponde porque no tienen dinero", insistió.

Reducir la litigiosidad

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria subrayó que es una "contradicción" implantar estas tasas y encima decir que con ellas se va a financiar la justicia gratuita. Según señaló, el objetivo es "claramente reducir la litigiosidad" en una Administración de Justicia que está "colapsada" y a la que no se quiere dotar de más medios.

Pellón defendió que para conseguir la reducción de la litigiosidad, el Gobierno, en lugar de imponer tasas, debería "afrontar la responsabilidad" de modificar las leyes de procedimiento para que determinadas cuestiones sin entidad, como pequeños problemas de relaciones de vecindad o pequeñas infracciones y sanciones administrativas, dejen de llegar a los juzgados.

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria señaló que para resolver todos los asuntos que entran en los juzgados hace falta "una estructura mucho mayor", tanto de medios materiales como personales; adecuar las normas de procedimiento para que éstos sean "mucho más ágiles"; e informatizar la Administración de Justicia, donde sigue prevaleciendo el papel "y esto en el siglo XXI no tiene ningún sentido".

En su opinión, "hacia falta decidirse a reformar" la Administración de Justicia pero "parece ser que no da votos" y "no hay un clamor popular" al respecto, por lo que al Gobierno "no le genera problemas no acometer de verdad una auténtica reforma".

CANTABRIA

"En general la situación es mala, muy mala, se tarda mucho en resolver los asuntos porque no hay medios", afirmó el decano, quien destacó que en Cantabria, "estamos como en el resto de España en general".

Precisó al respecto que tenemos tribunales que son "modélicos y envidia de toda España", como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y "tenemos jueces muy buenos pero los medios son muy escasos". Añadió que el índice de litigiosidad ha aumentado de forma importante, con ratios superiores a los del resto de España, "lo que contribuye a que se genere más atasco".

No obstante, precisó que le "consta que hay voluntad" en la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria de dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios, pero "también soy consciente de que tienen una situación económica calamitosa que quizás les impide hacer lo que quieren", concluyó.