El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá una proposición no de ley en la que pide que la Cámara andaluza rechace cualquier proceso de privatización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) e inste al Consejo de Gobierno a solicitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la prórroga de los promotores y orientadores de empleo (alpe).

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido admitida a trámite para su debate en comisión, IULV-CA también pide que la Junta demande al citado ministerio que modifique el objetivo del programa de Orientación Profesional para que no solo vaya dirigido a las agencias de colocación privadas.

De igual modo, demanda que la Junta mantenga el servicio público de empleo, su personal y su estructura, "sin mermar el funcionamiento del mismo", así como también al personal laboral seleccionado en su día en base a los criterios fijados en el Estatuto del Empleado Público para apoyo técnico en las oficinas del SAE "necesarios en la orientación, intermediación, actualización y oferta".

En la exposición de motivos, IULV-CA asegura que las oficinas de Empleo de Andalucía sufrirán, a partir del 20 de noviembre y del 31 de diciembre, una merma en el personal técnico que está destinado a la orientación, intermediación y acciones destinadas a políticas activas de empleo, como consecuencia de los recortes presupuestarios del Gobierno central a la Junta de Andalucía.

Según apunta el grupo parlamentario de IULV-CA, tras los recortes del Ejecutivo, la Junta ha pasado a recibir 298,4 millones frente a los 692,7 millones percibidos en 2011. Además, el Gobierno andaluz reclama 35 millones más por entender que el reparto no ha contemplado los criterios establecidos por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para el periodo 2007-2013.

Asimismo, considera que al hablar de agencias privadas de colocación y abrir la colocación a la participación privada de lucro, "se corre el riesgo de que, en lugar de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, con la excusa de legalizar lo existente, se acabe ya confiando a lo privado un servicio completamente público".

"Estas funciones encomendadas a las agencias privadas de colocación suponen la privatización del desempleo por parte del Gobierno, que, en lugar de modernizar y reforzar los servicios públicos de empleo, ha optado por el atajo, convirtiendo a los trabajadores en objeto de negocio", afirma IULV-CA.